¿Soberanía a conveniencia?

La soberanía nacional es uno de esos conceptos que nadie discute en público porque, en principio, todos estamos de acuerdo. México debe decidir por sí mismo, defender su territorio, cuidar sus instituciones y no permitir que ningún gobierno extranjero imponga condiciones indebidas. Hasta ahí no hay mayor debate. El problema aparece cuando la soberanía deja de ser un principio de Estado y se convierte en una frase que se usa según convenga.

En la política mexicana, la palabra soberanía suele aparecer con fuerza cuando hay presión externa, especialmente de Estados Unidos. Entonces se habla de dignidad, independencia, respeto y no intervención. Y está bien, ya que ningún país debería aceptar que otro le dicte qué hacer dentro de su territorio. Pero esa defensa pierde autoridad cuando se usa sólo para responder hacia afuera y se olvida hacia adentro.

Porque soberanía no significa únicamente resistir presiones extranjeras. También significa tener instituciones capaces, policías confiables, fiscalías que investiguen, tribunales que resuelvan, autoridades que rindan cuentas y gobiernos que no serijan por ocurrencias. Un país no es soberano sólo porque lo diga en discursos. Es soberano cuando puede tomar decisiones propias y sostenerlas con resultados.

Ahí es donde el término empieza a usarse a conveniencia. Si una crítica viene de fuera, se responde que hay intromisión. Si una observación viene de organismos internacionales, se acusa falta de respeto. Si un socio comercial exige cumplimiento de acuerdos, se habla de presión. Pero cuando se pide cooperación, inversión, información, tecnología, seguridad o trato preferencial, entonces la soberanía se vuelve más flexible, deja de ser principio y empieza a parecer herramienta política.

No se trata de aceptar imposiciones externas. México tiene razones históricas suficientes para ser cuidadoso frente a cualquier intento de intervención. Pero defender la soberanía no debe servir para evadir responsabilidades internas. Decir “no se metan” puede ser correcto cuando hay abuso; pero puede ser una salida conveniente cuando se usa para no explicar errores, incumplimientos o malas decisiones.

La soberanía tampoco debe ser patrimonio de un partido, de un gobierno o de una persona. No pertenece al discurso oficial ni a la oposición. Pertenece al Estado mexicano y, sobre todo, a los ciudadanos. Por eso no debería invocarse sólo cuando conviene políticamente, sino aplicarse con la misma seriedad en seguridad, economía, educación, justicia, medio ambiente y combate a la corrupción.

Un país que defiende su soberanía también debe defender la legalidad. Debe exigir respeto afuera, pero también respetar derechos adentro. Debe pedir reciprocidad, pero también cumplir sus compromisos. Debe rechazar presiones indebidas, pero aceptar evaluaciones, críticas y datos cuando ayudan a corregir.

Usar la soberanía como escudo retórico puede funcionar en una conferencia o en una campaña. Pero tarde o temprano la realidad exige más que palabras y frases. La soberanía se defiende con instituciones fuertes, no con discursos selectivos. Se defiende cuando el gobierno actúa con seriedad, cuando la ley se aplica parejo y cuando el país no necesita gritar independencia para demostrarla.