La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) exigió que la próxima elección jurisdiccional se limite a las vacantes reales, para evitar la desarticulación total del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Tras el anuncio de la iniciativa de reforma para aplazar un año y modificar los términos de la segunda elección judicial, la asociación civil también planteó que los juzgadores de carrera que perdieron sus cargos en los comicios de 2025 tengan una nueva oportunidad de regresar a sus plazas.
"Nuestra organización demanda que, si ha de existir una elección, ésta se limite exclusivamente a las vacantes reales generadas por causas naturales (renuncia, jubilación o fallecimiento)", dijo.
"Proponemos que se abra la posibilidad para que las personas cesadas en 2025 que deseen ostentar el cargo de Juezas, Jueces, o Magistradas y Magistrados, sean consideradas con reglas diferenciadas, toda vez que ya ocuparon esos cargos".
Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una reforma constitucional para posponer de 2027 al 2028 la segunda elección judicial, con modificaciones al modelo de votación, reducción de candidaturas y nuevos filtros de evaluación.
La JUFED dijo que trasladar la elección a 2028 es la confesión más clara del oficialismo sobre la inviabilidad del diseño original y equivale a posponer un error sistémico sin atender las causas de fondo.
También dijo que esta reforma y el diferimiento no resuelven la crisis de legitimidad ni el colapso logístico de este Poder de la Unión, ya que solo prolonga la agonía de un sistema de justicia bajo asedio.
"La reducción, por ejemplo, del número de candidatos (de 81 a 54 para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de 45 a 30 para el Tribunal de Disciplina Judicial) y la 'simplificación' de las boletas son medidas insuficientes. Estas modificaciones no resuelven la fatiga de boleta ni el riesgo de que la elección judicial quede atrapada en la dinámica de los partidos políticos durante los procesos ordinarios", señaló.
"Asimismo, la creación de una 'Comisión Coordinadora' para homologar criterios de evaluación confirma que los Comités de Evaluación de 2025 carecieron de la metodología técnica necesaria para garantizar perfiles de excelencia. Esta 'reforma a la reforma' genera una zona de incertidumbre jurídica que solo incrementará la litigiosidad y la falta de certeza para la ciudadanía que busca justicia".
También criticó la propuesta presidencial porque pretende imponer programas de capacitación a quienes ya cuentan con décadas de experiencia jurisdiccional y al mismo tiempo se permite la llegada de perfiles sin experiencia mediante el voto popular.
"Consideramos pertinente la capacitación y realización de exámenes a quienes no cuentan con carrera judicial, previo a ser seleccionados para aparecer en una boleta para ser votados", dijo.
"Cada año de aplazamiento y cada cambio de reglas confirma que el oficialismo diseñó un experimento costoso sin un beneficio claro para el pueblo de México. Los miles de millones de pesos que se pretenden gastar en el año 2028 deberían destinarse a crear juzgados nuevos, mejorar la defensoría pública o fortalecer la infraestructura judicial y reducir el rezago judicial que hoy asfixia a millones de mexicanos".
También exigió que se permita la salida voluntaria de quienes ya tenían planeado retirarse en 2027, garantizando de manera inmediata el pago de sus prestaciones correspondientes.
