Peces de ciudad
México ha conocido invasiones, intervenciones extranjeras, imposiciones económicas y episodios dolorosos donde los intereses nacionales fueron subordinados a poderes externos. Por eso, la defensa de la soberanía es un principio histórico construido con sangre, resistencia y dignidad nacional.
Lo ocurrido en Chihuahua y la reciente manifestación contra la gobernadora Maru Campos vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿hasta dónde puede llegar una autoridad local en su relación con agencias extranjeras sin violentar la Constitución y la soberanía nacional?
Miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar indignación por las versiones y acusaciones relacionadas con la presunta participación de agentes estadounidenses —identificados en diversos medios como integrantes de la CIA— en operativos realizados en territorio mexicano. Morena incluso anunció acciones para promover un juicio político contra la mandataria estatal.
La gravedad del tema no radica solamente en el debate partidista. El punto central es otro: ningún gobierno estatal puede actuar como si fuera una república independiente en materia de seguridad nacional. La cooperación internacional existe y puede ser necesaria, pero debe sujetarse estrictamente a la ley mexicana y a la autorización de las instancias federales correspondientes.
La propia presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al afirmar que no puede haber agentes extranjeros operando en campo sin autorización federal y que la soberanía nacional no es negociable.
En un país marcado por décadas de intervencionismo estadounidense, permitir —o tolerar— operaciones opacas de agencias extranjeras representa una herida simbólica y política profundamente delicada. México no puede normalizar que intereses externos actúen al margen de los controles constitucionales.
Por supuesto, toda acusación debe investigarse con seriedad y respetando el debido proceso. No corresponde a la plaza pública dictar sentencias definitivas. Pero sí corresponde exigir transparencia absoluta. Si hubo violaciones a la Ley de Seguridad Nacional o a la Constitución, deben aplicarse sanciones ejemplares. La soberanía no puede convertirse en moneda de cambio político ni en instrumento de negociación entre grupos de poder.
Las manifestaciones en Chihuahua expresan algo más profundo que el rechazo a una gobernadora: revelan un sentimiento nacional de hartazgo frente a cualquier percepción de subordinación extranjera. El pueblo mexicano puede tener diferencias ideológicas, pero históricamente ha reaccionado con fuerza cuando percibe amenazas a la independencia nacional.
La patria no se vende, no se delega y no se entrega. Si algún funcionario, sin importar su cargo o partido, actuó contra el interés nacional, entonces debe aplicarse toda la fuerza de la ley.
