En las últimas semanas, el gran tema ha sido, sin duda, las acusaciones y solicitudes de extradición contra diez funcionarios y exfuncionarios mexicanos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entre los señalados aparece Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, junto con varios de sus excolaboradores, acusados presuntamente de narcotráfico, manipulación electoral y de operar una red de protección y sobornos, la ya famosa “narconómina”, vinculada al Cártel de Sinaloa.
El asunto se concatenó con otro episodio delicadísimo, la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua, quienes, según diversas versiones, colaboraban de manera directa con la Fiscalía estatal sin seguir los protocolos establecidos en la Ley de Seguridad Nacional y, aparentemente, sin conocimiento formal del gobierno federal de Claudia Sheinbaum.
En el refranero mexicano solemos decir que no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Desafortunadamente para el gobierno de Chihuahua y para la gobernadora Maru Campos, la muerte de estos agentes destapó una situación que quizá también se esté o se haya estado reproduciendo en otras entidades del país.
Y aquí surgen varias preguntas incómodas ¿estaría en su derecho una gobernadora de colaborar de esa manera con una agencia extranjera? ¿Dónde queda el pacto federal? ¿El fin justifica los medios?
Si algo destruye a un país es la ausencia de orden constitucional y el debilitamiento del Estado de derecho. Por eso resulta tan delicado que los aparatos de procuración de justicia y seguridad pública terminen contaminados por intereses políticos, electorales o de grupo. Cuando eso ocurre, la institucionalidad deja de servir a la nación y comienza a operar para facciones.
Las crisis rara vez estallan de manera fortuita. Se incuban lentamente hasta que un hecho termina por derramar el vaso. La pregunta es desde cuándo el gobierno de Chihuahua colaboraba con la CIA y, de ser cierto, por qué el gobierno federal lo desconocía. ¿De verdad la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gabinete de seguridad ignoraban la presencia operativa de estos agentes en territorio nacional?
Por supuesto, la CIA jamás ha pedido permiso para operar en buena parte del mundo. Su historial está documentado desde su creación en 1947. Basta recordar Guatemala en 1954, Chile en 1973 o las múltiples operaciones encubiertas en América Latina durante la Guerra Fría. En México tampoco es novedad. El programa LITEMPO, revelado años después, vinculó a altos funcionarios mexicanos con esquemas de cooperación e inteligencia estadounidense entre 1958 y 1982. Incluso trascendió que cuatro presidentes mexicanos fueron considerados activos de interés para la Agencia.
Por eso resulta, cuando menos, distópico ver hoy al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, prácticamente postrado en las escalinatas del Capitolio en Washington, pidiendo la intervención de quien reconoce como su interlocutor político: Marco Rubio. ¿Qué pensarían los viejos arquitectos del nacionalismo revolucionario frente a esa imagen?
Mientras tanto, Jorge Romero Herrera parece más concentrado en sobrevivir a la guerra interna del PAN que en construir una oposición competitiva. Los grupos de Marko Cortés, los gobernadores y las corrientes locales siguen disputándose los restos de un partido que no termina de entender por qué perdió el poder.
Menciono esto porque buena parte de la comentocracia, como dice la propia CSP, parece vivir exclusivamente para golpear al oficialismo guinda. Sin duda, llegó la hora cero para la 4T y el llamado “segundo piso”. O Morena se limpia del lastre que arrastra desde 2018, cuando abrió la puerta a todo aquel que quisiera subirse a la ola obradorista para alcanzar posiciones de poder, o podría terminar exactamente igual que el PAN de Fox y Calderón, atrapado en sus círculos rojos, incapaz de trascender políticamente.
En 2012 surgió como alternativa el regreso de “los que sí sabían gobernar”. Peña Nieto y los grupos que lo llevaron a Los Pinos prometían eficacia y modernidad. Bastaron seis años de corrupción, frivolidad y desconexión social para convertir ese sexenio en la alfombra roja del ascenso de Andrés Manuel López Obrador y de todos los que se sumaron a su movimiento.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma, si Morena fracasa, ¿quién llega? Porque una cosa es el desgaste natural del poder y otra muy distinta construir deliberadamente el vacío. En medio de esta lucha fratricida, quizá lo más preocupante sea que seguimos sin responder qué proyecto de nación estamos construyendo.
Autor: Ricardo Heredia Duarte
