Enrique Alfonso Díaz Vega pasó de la discreción de los círculos empresariales de Culiacán al centro de la mayor sacudida política y judicial en la historia de Sinaloa.
Tras la formalización de los cargos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la cúpula del Gobierno de Rubén Rocha Moya, el ex funcionario pasó de ser el estratega financiero del estado a entregarse a las autoridades del Gobierno de Donald Trump, señalado como el presunto enlace clave con la facción de "Los Chapitos".
Contador de profesión y empresario inmobiliario de 50 años, Díaz Vega construyó durante dos décadas una red empresarial antes de convertirse en el hombre de absoluta confianza del morenista. Hoy, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo ubica en el núcleo de una presunta estructura criminal dedicada a coordinar operaciones financieras, facilitar nombramientos estratégicos y garantizar protección institucional al Cártel de Sinaloa.
Antes de dar el salto al servicio público en noviembre de 2021, cuando asumió la Secretaría de Administración y Finanzas, Díaz Vega ya era un rostro conocido en el sector privado sinaloense. Registros mercantiles lo ubican como socio o accionista en al menos 10 compañías vinculadas al desarrollo inmobiliario, el ramo automotriz y la agroindustria, además de mantener notorios vínculos comerciales con integrantes de la familia Gaxiola Coppel.
Sin embargo, su evolución patrimonial encendió las alertas entre 2023 y 2024. Investigaciones y reportes locales revelaron que, al amparo del cargo público, su fortuna se disparó de forma exponencial al llegar a declarar hasta 45 propiedades.
Al inicio de la gestión de Rocha Moya reportaba 24 inmuebles valuados en unos 70 millones de pesos, pero para el cierre de su encargo la cifra superaba los 130 millones de pesos en un inventario que incluyó terrenos, residencias, departamentos y locales comerciales, cuya parte sustancial fue liquidada de contado.
En el expediente del Departamento de Justicia estadounidense que imputa directamente a Rocha Moya y a otros nueve colaboradores de colaborar abiertamente con "Los Chapitos", el nombre de Díaz Vega destaca por la gravedad de los cargos penales.
Las autoridades de Estados Unidos lo acusan formalmente de conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración relacionada con armas de alto poder, imputaciones que conllevan una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
Adicionalmente, las pesquisas de las agencias estadounidenses sostienen que Díaz Vega operó movimientos de dinero relacionados con sobornos y que facilitó información de inteligencia sobre adversarios políticos para intimidarlos durante el proceso electoral de 2021, año en que Rocha Moya ganó la gubernatura presuntamente con el respaldo logístico del grupo criminal.
Oficialmente, Díaz Vega dejó la Secretaría de Finanzas el 30 de septiembre de 2024. En su momento, el Gobernador Rocha Moya intentó matizar la salida al argumentar ajustes administrativos naturales por el cierre del sexenio federal de Andrés Manuel López Obrador; no obstante, en Sinaloa el relevo fue leído unánimemente como una maniobra de control de daños para despresurizar las crecientes críticas sobre el patrimonio del funcionario.
Tras su salida, Díaz Vega intentó refugiarse en su perfil empresarial mientras el cerco judicial en Estados Unidos avanzaba contra integrantes del círculo cercano del Gobernador sinaloense.
