Bajo presión
Nada, absolutamente nada, debería ser más importante que la educación, ninguno de los temas que hoy ocupan la atención del debate público deberían desplazar la sanción que merecen la improvisación e impericia mostrada por Mario Delgado, secretario de Educación Pública al intentar modificar el calendario escolar con el pretexto del Mundial de futbol.
También debería haber consecuencias por el sainete protagonizado por el Consejo de Autoridades Educativas (CONAEDU) y sus acuerdos por unanimidad para meterle mano al calendario escolar, ahí participan los encargados de la educación de todas las entidades federativas, quienes deberían defender los proyectos estatales y sólo mostraron una sumisión indolente ante las ocurrencia del titular de la SEP.
El jueves 8 de mayo, la SEP modificó el calendario escolar, para que el ciclo terminara el 5 de junio y se estableció el regreso a clases para el 31 de agosto, con dos semanas de reforzamiento previas, casi tres meses de vacaciones.
Al día siguiente la presidenta Claudia Sheinbaum mostró su desacuerdo con estos cambios y señaló que era una propuesta, por lo que Mario Delgado convocó a una nueva reunión de la CONAEDU para revisar lo que oficialmente ya habían establecido.
Las autoridades educativas acordaron, de nuevo por unanimidad, dejar todo como estaba. Todo en calma, se volvió a la normalidad; pero lo que ocurrió en esos días, la impericia con que se tomaron las decisiones exhibe la poca importancia que tiene para los gobiernos, federal y estatales, el modelo educativo, lo lejos que están los encargados de lo que ocurre en las escuelas, así como que la opinión de los padres de familia y maestros son irrelevantes, y lo central, que en la toma de decisiones no se considera cómo se va afectar a los estudiantes.
La presidenta Sheinbaum defendió a su funcionario, señaló que hay una campaña en contra del titular de la SEP y que no fue una ocurrencia de Mario Delgado sino una decisión unánime de todos los titulares de educación en las entidades federativas. Pretextos para desviar la atención, grilla que intenta minimizar una decisión que exhibe la estupidez institucional en este tema.
Cuando intentó justificar la ocurrencia, Mario Delgado terminó agravando el problema: cada explicación confirmó que su estancia en la SEP responde más a la lógica del premio por lealtad política que a la capacidad para conducir uno de los sectores más delicados del país.
En defensa de su propuesta, Delgado cuestionó el modelo educativo basado en métricas internacionales y calificó como un rezago “tecnocrático” el artículo 87 de la Ley General de Educación, que establece entre 185 y 200 días efectivos de clase.
“El artículo 87 de la Ley General de Educación exige entre 185 y 200 días efectivos de clase. Esta ley es también un residuo de la visión tecnocrática. Esa cifra responde a una visión alineada con los estándares comparados de la OCDE que redujo la educación a una estadística de permanencia y a indicadores homologados”; por cierto, una ley que fue la respuesta del gobierno de López Obrador para cancelar de manera definitiva la reforma educativa implementada por Enrique Peña Nieto.
La declaración no sólo es torpe; también es reveladora. Porque si el problema es que la educación quedó reducida a indicadores, habría que preguntarle al secretario qué modelo alternativo propone. ¿Menos días de clase?, ¿menos exigencia?, ¿menos evaluación? Criticar la lógica tecnocrática de la Ley de López Obrador puede ser pertinente; usarla como argumento para recortar semanas del calendario escolar es otra cosa: populismo administrativo disfrazado de reflexión pedagógica.
Delgado también sostuvo que, después de la entrega de calificaciones, muchas escuelas entran en una dinámica de baja actividad académica y dedican el tiempo restante a tareas administrativas: “Debemos ser honestos, tras la entrega de calificaciones, hay una inercia en las escuelas, en todo el sistema educativo. Después del 15 de junio se cae en un periodo que en realidad se aprovecha para la descarga administrativa hasta mediados de julio”.
La confesión es brutal. Porque, sin proponérselo, el secretario reconoció que el propio sistema educativo es incapaz de sostener actividades formativas durante semanas enteras y que la SEP ha normalizado la simulación escolar. Pero en lugar de corregir esa inercia, su respuesta es institucionalizarla y mandar antes a todos a casa.
Todavía fue más lejos cuando afirmó que mantener a docentes y alumnos en las aulas sin actividades sustanciales “desvirtúa la dignidad docente” y convierte a las escuelas en una “estancia forzada”. La frase retrata una visión burocrática de la educación: si el aula no produce indicadores visibles o resultados inmediatos, entonces sobra. Como si convivir, leer, reforzar contenidos, cerrar procesos o simplemente sostener una rutina escolar no formara parte de la educación misma.
Finalmente, Delgado vinculó el debate con las condiciones laborales del país y sostuvo que muchas familias utilizan la escuela como espacio de resguardo para sus hijos debido a jornadas laborales extensas y empleos sin flexibilidad.
“El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar dónde dejar a sus hijos para poder trabajar. Es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral”, aquí el problema es que usa una realidad social dolorosa para justificar una mala decisión administrativa. La escuela no debería funcionar como guardería involuntaria del sistema económico, cierto; pero mientras millones de familias viven esa realidad, modificar el calendario escolar sin planeación ni diagnóstico sólo demuestra desconexión con el país real.
Porque el fondo del asunto no era el Mundial. Ni la OCDE. Ni las cargas administrativas. El problema es más simple y más grave: quienes toman decisiones sobre educación parecen no entender lo que ocurre dentro de las escuelas.
El pez por la boca muere. Las declaraciones de Mario Delgado contradicen incluso el comunicado con que la SEP anunció el reculamiento. Ahí se afirmaba que “el cierre del ciclo escolar no representa sólo la conclusión administrativa de un calendario, sino un momento pedagógico de síntesis, acompañamiento, evaluación formativa y fortalecimiento de capacidades para la continuidad de las trayectorias educativas”; además, se hacía “un llamado a las familias y al magisterio a reforzar las acciones en este fin de ciclo para que alcancemos profundas experiencias de aprendizaje para las y los estudiantes”.
¿En qué quedamos entonces? ¿Las últimas semanas del ciclo escolar son una simulación burocrática, como dijo el secretario, o son un momento pedagógico fundamental, como sostiene la SEP en su comunicado? Las dos cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Esa contradicción exhibe algo peor que una mala ocurrencia: demuestra que ni siquiera dentro de la propia autoridad educativa existe claridad sobre para qué sirve la escuela.
La presidenta ya defendió a Mario Delgado. Los voceros oficialistas minimizaron el episodio y la oposición prefirió usarlo como munición coyuntural antes que como detonante de una discusión seria. Todos siguieron adelante porque, al final, siempre habrá algo más urgente que hablar de educación.
Deberíamos estar discutiendo qué tipo de ciudadanos está formando la escuela pública, cómo recuperar el aprendizaje perdido, qué hacer con la violencia en las aulas, la precarización docente, la desconexión entre los planes de estudio y el mundo real. Pero nada de eso produce likes, polarización ni rentabilidad política inmediata.
Coda. En México, la educación sólo entra al debate público cuando puede convertirse en escándalo, propaganda o botín burocrático. Nunca cuando exige reflexión, responsabilidad y futuro.
@aldan
