Bajo presión
Las declaraciones de Jesús Vallín Contreras, Director General MIAA, ante las demandas ciudadanas por falta de agua, son una muestra de la irresponsabilidad de los gobiernos frente a la crisis hídrica de la entidad, de cómo las autoridades culpan a los ciudadanos por lo que es su obligación y, quizá más grave por sus implicaciones, cómo los actores políticos de Aguascalientes usan las manifestaciones públicas para llevar agua a su molino.
El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) es el organismo público descentralizado del Municipio de Aguascalientes responsable de prestar el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales a todos los habitantes de la ciudad. El uso de pipas es una medida temporal que pone en marcha MIAA cuando fallan pozos o la red por más de 12 a 24 horas, para evitar el desabasto prolongado.
Hace unos días vecinos de la colonia España se manifestaron y cerraron vialidades, afectando el acceso a las instalaciones de la Feria, por eso la atención de MIAA fue inmediata (y también de los cuerpos policiales). El organismo encargado minimizó los hechos, según MIAA el servicio de agua potable era intermitente, de acuerdo a los manifestantes, la falla en el servicio lleva más de una semana.
Las protestas son consecuencia de que el modelo municipal no está funcionando, la promesa de MIAA es que sería un servicio que “te escuche, te entienda y te atienda”, ninguno de esos tres compromisos se está cumpliendo, la ciudadanía tiene que bloquear vialidades ante la ausencia del organismo, el constante ignorar los reportes y la normalización del desabasto.
La mala operación de MIAA se trata de encubrir convocando a mesas de diálogos con los vecinos, que no son otra cosa que el esfuerzo por impedir nuevas manifestaciones, y para resolver la falla en el servicio en la colonia España estableció que el operativo temporal de pipas será permanente.
Ante los medios, Jesús Vallín Contreras aseguró que hay voluntad política para solucionar el problema de fondo, porque las pipas no son la solución que quieren, porque a MIAA le sale muy caro y se le dificulta la logística; enseguida responsabiliza a los ciudadanos por no poder solucionar la situación:
“El problema realmente se presenta en quien no tienen tanques de almacenamiento, pues cuando traemos pipa dónde les ponemos el agua, entonces ese es el problema que estamos teniendo, sobre todo en casas que no tienen, porque les puede llegar un chorrito al aljibe, pero en cuatro horas ya tienen agua suficiente para todo el día”.
Las palabras de Jesús Vallín no son un desliz, son una forma de pensar. Trasladar la responsabilidad del desabasto a los ciudadanos por no contar con infraestructura de almacenamiento en sus viviendas no sólo es técnicamente cuestionable, es profundamente ignorante. Supone que todas las familias tienen la capacidad económica, el espacio físico y las condiciones materiales para instalar aljibes, tinacos o sistemas de captación, como si la precariedad urbana fuera una decisión individual y no el resultado de años de desarrollo desigual, omisiones institucionales y planeación deficiente.
La declaración también revela una preocupante falta de empatía. En lugar de reconocer que el acceso continuo al agua potable es un derecho y una obligación del Estado, se desliza la idea de que el problema radica en la previsión doméstica de los usuarios. Es una inversión perversa de responsabilidades: el organismo que no logra asegurar el suministro busca justificarse señalando carencias en quienes dependen de ese servicio. Como si la solución a la falla estructural del sistema fuera que cada hogar resuelva por su cuenta lo que la autoridad no puede garantizar.
Ese argumento desconoce la realidad del crecimiento urbano de Aguascalientes. Colonias completas se han desarrollado sin la infraestructura adecuada, muchas veces bajo la tolerancia, cuando no la promoción, de las propias autoridades. Pretender que ahora los habitantes carguen con el costo de esa omisión es, además de injusto, políticamente irresponsable.
A lo que hay que sumar otro indicio de la precariedad operativa del organismo: declarar permanente un operativo que, por definición, es temporal. Las pipas no son un modelo de abastecimiento, son un parche de emergencia. Convertirlas en solución estable equivale a admitir que el sistema de distribución ha rebasado la capacidad técnica de quien lo administra. No es un ajuste operativo, es la normalización de la crisis. Cuando no hay estrategia sino incapacidad, la emergencia se vuelve rutina.
Lo que debería ser una discusión seria sobre la gestión del agua, la eficiencia del organismo y la rendición de cuentas, se diluye en el ruido político. La mediocre clase política aguascalentense, sin excepción de colores, ha encontrado en las manifestaciones ciudadanas una oportunidad, no para exigir soluciones de fondo, sino para capitalizar el descontento. Las protestas dejan de ser un síntoma de un problema estructural y se convierten en munición discursiva.
En lugar de cuestionar a fondo la operación de MIAA o de construir alternativas viables, los actores políticos se apresuran a señalar culpables convenientes, a repartir responsabilidades según la coyuntura y, sobre todo, a posicionarse rumbo a la siguiente disputa electoral. La crisis del agua, lejos de ser atendida como prioridad pública, es reducida a un instrumento más en la lógica de la competencia por el poder.
Lo que menos le importa a los regidores y regidoras que se desgreñan en Palacio chico son las fallas en el servicio, tanto los que justifican a MIAA como quienes lo atacan, ofrecen atención personal a un problema estructural, desde conseguir descuentos hasta hacer rodar la cabeza de funcionarios; lo único que intentan es capitalizar el descontento ciudadano para subir sus números de aprobación.
En esta cadena de evasivas, lo esencial queda intacto: el derecho al agua sigue condicionado a la paciencia, la capacidad de protesta o la cercanía con algún gestor político. Ni la técnica ni la política están resolviendo el problema; ambas lo están administrando. Cuando el acceso a un servicio básico depende más de la presión ciudadana que de la eficacia institucional, lo que está en crisis no es sólo el sistema de agua, es la noción misma de gobierno.
Coda: Mientras unos culpan a los ciudadanos por no tener tinaco y otros usan la protesta como trampolín, al problema del agua que no llega se suma la irresponsabilidad.
@aldan
