La Secretaría de Salud de México ha fijado una postura determinante al calificar el aborto como un servicio esencial de atención médica, deslindándose de las presiones que buscan mantenerlo bajo un enfoque estrictamente penal. A través de un pronunciamiento oficial, la dependencia subrayó que la interrupción del embarazo debe ser garantizada como un derecho a la salud reproductiva, asegurando que el Estado tiene la obligación de proporcionar estos servicios de manera segura, gratuita y libre de estigmas en las instituciones públicas.Esta postura surge en un contexto de intenso debate legislativo y social, donde diversos sectores han solicitado que la práctica permanezca dentro de los códigos penales. Sin embargo, la autoridad sanitaria argumenta que la criminalización del aborto no reduce su incidencia, sino que empuja a las personas a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su vida. Al elevar el aborto al rango de atención médica básica, la Secretaría busca estandarizar los protocolos de atención en todo el país, siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de castigar a las mujeres y personas gestantes por decidir sobre su cuerpo.Finalmente, la dependencia enfatizó que la salud es un derecho integral que abarca el bienestar físico, mental y social. Bajo esta premisa, la consolidación del aborto dentro del sistema de salud pública no solo implica la realización del procedimiento técnico, sino también el acompañamiento psicológico y el acceso a consejería anticonceptiva posterior. Con esta resolución, el gobierno federal reafirma su compromiso de separar la moralidad religiosa o personal de las políticas de salud pública, priorizando la autonomía progresiva y la seguridad sanitaria de la población.
