El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha notificado formalmente su intención de decomisar los bienes, inmuebles y ganancias económicas del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y mandos policiales. Esta medida surge tras las acusaciones que vinculan a los señalados con presuntas actividades de colaboración con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa, centradas en el tráfico de drogas y la importación ilegal de armas.De acuerdo con el reporte de la fiscalía estadounidense y la DEA, Rocha Moya habría prometido apoyo operativo a la organización criminal tanto en su etapa de candidato como tras asumir la gubernatura, permitiendo la integración de funcionarios afines al cártel en puestos estratégicos del gobierno estatal. La investigación identifica a figuras clave en esta red, como el senador Enrique Inzunza Cázares y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega, quienes habrían fungido como enlaces directos entre la administración pública y el grupo delictivo.La estrategia de las autoridades estadounidenses contempla la confiscación de cualquier recurso financiero o propiedad derivada de estas actividades ilícitas, incluso si dichos bienes han sido transferidos a terceros. La acusación detalla la existencia de una presunta estructura de pagos mensuales para asegurar la lealtad y operatividad de la red, con sobornos en efectivo que oscilan entre los 1,600 y los 100,000 dólares mensuales para altos mandos de seguridad.Además de Rocha Moya, la lista de objetivos para el decomiso incluye a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, además de diversos mandos policiales. Ante la gravedad de los señalamientos y el avance del proceso bajo el Código de los Estados Unidos, el gobernador solicitó recientemente una licencia a su cargo tras la difusión pública de la acusación.
