El corte de internet global en Irán, que cumple este sábado 64 días, se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y social, con debates sobre las restricciones por motivos de seguridad, mientras crece el malestar por el impacto económico y la venta de accesos privilegiados a la red.
La última señal de que las autoridades no planean una reapertura inmediata llegó del diputado ultraconservador Amirhosein Sabetí.
“Si internet se restablece por completo, algunos mercenarios, incluso armados, podrían organizar concentraciones a través de estas mismas redes”, afirmó en un video difundido en redes sociales, y puso como ejemplo las protestas antigubernamentales de enero, en las que millones de personas en todo el país salieron a las calles para pedir el fin de la República Islámica.
Teherán tachó estas manifestaciones de “disturbios” y “actos de terrorismo” orquestados por Israel y Estados Unidos, y las reprimió duramente, lo que causó más de 7.000 muertos, según la ONG opositora HRANA.
Además, Sabetí señaló que el corte del internet internacional fue ordenado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional debido a las “condiciones de guerra”, una situación que, a su juicio, sigue vigente.
“Esas condiciones siguen existiendo y, por el momento, no será restablecido (internet)”, aseguró.
Discriminación digital
El debate en Irán ya no gira únicamente en torno al bloqueo, sino también en torno a quiénes pueden conectarse y quiénes no.
En paralelo a las restricciones generales, ha emergido un sistema de acceso especial conocido como “internet pro”, concebido originalmente para garantizar conectividad a empresas y servicios esenciales durante la crisis, pero que derivó rápidamente en un lucrativo mercado negro.
El asesor del ministro de Comunicaciones iraní, Mohamad Hafez Hokmi, reconoció hoy irregularidades en la implementación del programa e informó de la apertura de investigaciones.
Según un reporte del portal tecnológico Zoomit, cuotas de internet empresarial están siendo revendidas a particulares por intermediarios que van desde gimnasios y boutiques hasta vendedores de tarjetas SIM e incluso algunas agencias de operadores móviles.
El precio del acceso oscila entre 10 y 50 millones de riales (entre 4,76 y 23,80 euros) y, en algunos casos, solo se requiere presentar nombre, número de teléfono y código nacional de identidad.
La práctica ha generado indignación y diversos sectores han denunciado en los últimos días que se ha instaurado una internet estratificada, ya que el 99 % de la población continúa sin acceso a la red global desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.
Críticas de los reformistas
El Frente de Reformas de Irán, una coalición de partidos moderados, publicó un duro comunicado en el que criticó la continuidad de las restricciones y exigió acceso igualitario para toda la población.
“El corte de internet durante 60 días no ha tenido otro resultado que el colapso de los negocios digitales, desempleo generalizado y erosión de la confianza pública”, denunció.
Los reformistas calificaron además el “internet pro” como una medida “discriminatoria”.
“La puesta en marcha y venta de un ‘internet pro’ es discriminatoria y, en la opinión pública, se interpreta como la continuidad del negocio de la mafia de las VPNs y la explotación de la desesperación de los ciudadanos”, indicó el Frente de Reformas.
La coalición llamó además al presidente Masud Pezeshkian, en su calidad de jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, a restablecer un internet “estable, libre y seguro” y cambiar la estrategia de ciberseguridad basada en el “bloqueo generalizado” por métodos “técnicos, selectivos y profesionales”.
A la crítica se sumó la Asociación de Comercio Electrónico, integrada por grandes empresas del sector en el país, que denunció el impacto devastador de las restricciones sobre la economía digital.
La asociación cuestionó además el argumento oficial de la ciberseguridad.
“Las autoridades presentan la ciberseguridad como excusa para cortar internet, cuando algunos de los mayores ciberataques, incluido el hackeo de importantes bancos del país, ocurrieron precisamente durante el apagón total”, señalaron.
En un país donde millones dependen de internet para trabajar y estudiar o simplemente mantener contacto con familiares, el debate ha dejado de ser técnico para convertirse en una cuestión de derechos básicos.
“¿Cómo se puede privar a un ciudadano de un derecho básico y concedérselo a otro?”, se preguntó la asociación.
Así, la conexión en Irán ha dejado de ser un servicio cotidiano para convertirse en un privilegio negociable, una frontera invisible entre quienes pueden seguir conectados al mundo y quienes han quedado atrapados detrás del apagón.
