En estos tiempos
El 29 de abril de 2026, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios del estado. Los cargos, en palabras llanas, son los siguientes: ponerse de acuerdo —conspirar— para mandar droga a Estados Unidos; posesión de armas de alto poder y explosivos; conspirar para poseer esas armas; y secuestro con resultado de muerte de un informante de la DEA y un familiar suyo, un menor de trece años. Entre los acusados figuran, además del gobernador, el senador por Morena Enrique Inzunza Cázarez, el vicefiscal del estado Dámaso Castro Zaavedra, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y varios mandos policiales estatales y municipales. Es la primera vez en la historia que un gobernador mexicano en funciones enfrenta una acusación de este tipo ante un tribunal extranjero.
Antes de tomar postura, conviene entender qué está ocurriendo jurídicamente y por qué, porque en este tema circula mucha desinformación, y la confusión, siempre, le sirve a alguien.
La pregunta más frecuente es por qué una corte de Nueva York tiene algo que decir sobre lo que ocurre en Sinaloa. La respuesta está en el principio de territorialidad extendida que aplica el derecho penal federal estadounidense: cuando una conspiración produce efectos en territorio de ese país —fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas llegando a sus ciudades—, sus tribunales tienen jurisdicción sobre quienes participaron en el plan, independientemente de dónde se encontraran físicamente. La acusación describe con detalle cómo los narcóticos cruzaban la frontera ocultos en compartimentos secretos de automóviles, camuflados entre mercancías comerciales en camiones, escondidos en equipaje de aviones o transportados en embarcaciones no declaradas que entraban ilegalmente a Estados Unidos. Cada cargamento que llegó a suelo estadounidense es, para ese sistema jurídico, un delito cometido en su propio territorio. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, en el mismo tribunal que ha procesado los casos de narcotráfico transnacional más complejos de las últimas décadas. No es un tribunal a modo.
El Gobierno Federal ha manejado de manera confusa lo relativo a las pruebas y conviene aclarar con precisión.El artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos establece que en caso de urgencia una persona puede ser detenida provisionalmente. La solicitud debe contener la declaración de intención de presentar una extradición formal y la existencia de una orden de aprehensión, pero no exige todavía el expediente probatorio completo. El tratado fija un plazo de 60 días naturales para que el país requirente presente la solicitud formal con el expediente completo. La lógica es la misma que la de cualquier orden de aprehensión: primero se detiene para evitar la fuga; después se presenta la prueba ante el juez. Pedir el expediente completo antes de la detención provisional equivale a exigir la sentencia antes del juicio.
El artículo 11 del tratado establece que para una orden de detención provisional no se requiere evidencia formal de culpabilidad, sino únicamente la existencia de una acusación y el compromiso de proporcionar documentación dentro del plazo de 60 días. La Secretaría de Relaciones Exteriores, sin embargo, argumentó que los documentos recibidos no contaban con elementos de prueba para determinar la responsabilidad de las personas requeridas. El lector puede sacar sus propias conclusiones sobre si esa postura es jurídica o política.
La acusación de 34 páginas no es un rumor ni una filtración. Es un documento judicial con nombres, fechas y montos. Según la fiscalía, antes de las elecciones de 2021, los líderes de Los Chapitos ordenaron a sus integrantes robar papeletas con votos de los opositores de Rocha Moya y secuestrar e intimidar a candidatos de la oposición. A cambio, Rocha Moya se habría comprometido a colocar en puestos de autoridad a funcionarios favorables a las operaciones del cártel. La investigación detalla además pagos mensuales de 11,000 dólares al vicefiscal Castro Zaavedra por filtrar información sobre operativos, lo que indica que la estructura gubernamental habría operado como halcones de Los Chapitos.
Tres señalamientos merecen atención particular, no para juzgarlos —eso le corresponde a un tribunal— sino para dimensionar lo que está en discusión.
El primero. El comandante de la policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán, enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta menor de edad en 2023, utilizando recursos de la fuerza pública para ejecutar dichas acciones. Una institución creada para proteger ciudadanos, usada presuntamente para entregarlos al crimen. No es la primera vez que ese patrón aparece en la historia reciente de México.
El segundo. Las denuncias de intimidación, robo de urnas y presencia de grupos armados en la elección de Sinaloa de 2021 fueron presentadas oportunamente por la oposición y desestimadas como pretexto de malos perdedores. Hoy reaparecen en una acusación extranjera. ¿Qué hacemos con eso?
El tercero. La acusación incorpora una fotografía de una supuesta narco-nómina en la que aparecen algunos de los implicados. El documento afirma que ese material fue obtenido en México, en el contexto de esta investigación. Si es así, o alguna instancia del propio gobierno mexicano lo entregó a los estadounidenses, o un agente extranjero operó en territorio nacional para conseguirlo.
El gobierno federal respondió invocando la presunción de inocencia y la defensa de la soberanía nacional. Son principios válidos. El problema es su aplicación selectiva.
Entre 2025 y 2026, el gobierno entregó a 90 personas a Estados Unidos en operaciones que no fueron extradiciones ordinarias, sino entregas al margen del procedimiento legal establecido. Ahora que los requeridos son gobernador, senador, alcalde y funcionarios de Morena, la respuesta institucional es radicalmente distinta. Para unos, expulsión sin trámite. Para otros, protección e impunidad.
El oficialismo también sostiene que la acusación es una jugada política de Trump para ganar popularidad de cara a las elecciones intermedias. No es descabellado suponer que Washington tiene sus propios cálculos. Pero reducir todo a eso implica algo que merece cuestionarse: supone que México es un escenario secundario en el teatro electoral estadounidense, y no lo que realmente es: el segundo socio comercial de Estados Unidos, pieza central del TMEC y actor indispensable en la estabilidad regional. Si hay una agenda detrás, esa agenda apunta mucho más lejos que noviembre. Y que haya un interés estratégico de por medio no reduce en un gramo la gravedad de lo que se acusa.
La pregunta que nadie en Culiacán —ni en buena parte del país— necesita que le explique un fiscal de Nueva York es si existe un problema de seguridad. Si el crimen organizado ha permeado estructuras de gobierno. Si la violencia ha alcanzado niveles que ya no admiten eufemismos. Esa pregunta tiene respuesta en la vida cotidiana de millones de mexicanos.
El gobierno enfrenta ahora un dilema,si se aferra a la narrativa de defensa de la soberanía y no actúa, las consecuencias pueden ser costosas. La renegociación del TMEC está sobre la mesa, y Estados Unidos tiene instrumentos de presión que México conoce bien. Más inquietante aún: el antecedente de Ismael “El Mayo” Zambada, extraído del territorio nacional sin procedimiento legal, y de Nicolas Maduro en similares condiciones muestra que Washington no siempre espera la respuesta diplomática. Ignorar la acusación no la hace desaparecer; solo cambia el escenario en que se resuelve.
Si, por el contrario, el gobierno decide entregar a los acusados, el costo político es igualmente alto. Hacerlo significaría reconocer tácitamente que Sinaloa operó como un narco-estado durante este sexenio, contradecir el discurso de soberanía sostenido desde el primer día, y poner en manos de fiscales estadounidenses información que, una vez entregada, no tiene regreso. Los acusados saben cosas.
Hay, sin embargo, una tercera vía que el debate público no ha explorado con suficiente seriedad: que México procese y enjuicie a estas personas en su propio territorio, con sus propias leyes y sus propios jueces. Que la respuesta a una acusación extranjera no sea la parálisis ni la entrega, sino la justicia propia. Eso requeriría que la FGR investigue de verdad, que el Congreso retire los fueros que corresponda, y que el resultado no sea —como ocurrió con el general Cienfuegos en 2020— una exoneración que nadie creyó y que nadie olvidó.
El Cártel de Sinaloa ha convertido a ese estado en el epicentro geográfico del narcotráfico mundial, según la propia acusación estadounidense. Los niveles de violencia en Culiacán, en Sinaloa y en buena parte del país no son una percepción ni una construcción mediática: son la vida diaria de millones de personas. Cualquier respuesta que ignore esa realidad —por cálculo político, por lealtad partidista o por miedo a lo que los acusados puedan decir en un estrado— no es una respuesta de Estado valida.
