La Fiscalía General de la República (FGR) frenó la posible detención del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más al concluir que la solicitud enviada por autoridades de Estados Unidos carece de pruebas, fundamentos y no acredita urgencia, requisitos indispensables para proceder a una medida cautelar con fines de extradición.
Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, área a la que está adscrita la Fiscalía de Asuntos Internacionales, dejó claro que no existe una solicitud formal de extradición, sino únicamente un pedimento para la detención provisional de 10 personas.
"Es importante aclarar a la opinión pública nacional que no se trata de un procedimiento de extradición formal, sino de la presencia de una solicitud de otorgamiento de una medida cautelar con fines de extradición", sostuvo.
Señaló que el pedimento fue revisado conforme al tratado bilateral de extradición y la legislación mexicana vigente.
"El pedimento de esta provisional fue examinado por el área de asuntos internacionales, con apego a la norma derivada del tratado bilateral con Estados Unidos e igualmente apego al derecho aplicable a la materia vigente en nuestro país", indicó.
Tras la revisión, concluyó: "No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención".
Añadió que no existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga viable el otorgamiento de la medida.
Ante ello, informó que la FGR pedirá a la SRE que solicite a las autoridades estadounidenses remitir pruebas y argumentos "por las vías que garanticen la confidencialidad de la información", a fin de estar en posibilidad de fijar una postura institucional.
Asimismo, indicó que en México se realizan investigaciones sobre los hechos referidos, "en términos de nuestra legislación, y de acuerdo al paradigma del Estado constitucional y democrático".
Jiménez Vázquez precisó que será hasta contar con la información adicional cuando se realice un segundo análisis para determinar si la solicitud cumple con los requisitos del artículo 11 del tratado bilateral de extradición.
"En este momento es imposible emitir un juicio que pudiera conllevar un posicionamiento institucional".
En paralelo, sostuvo que en México se mantienen abiertas investigaciones sobre los hechos referidos en territorio nacional, conforme a la legislación vigente.
El posicionamiento de la FGR se reporta luego de que fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusaran a Rocha Moya y a otros funcionarios mexicanos, en activo y retirados, de presuntos vínculos con el narcotráfico y delitos relacionados con armas.
El caso se da en un contexto de alta violencia en Sinaloa, marcado por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, así como por hechos recientes como el asesinato de actores políticos y sociales, en medio de presiones de autoridades estadounidenses para investigar presuntos nexos entre funcionarios y el crimen organizado.
