En estos tiempos
El domingo 19 de abril, un vehículo se despeñó por un barranco en la Sierra Tarahumara. Murieron cuatro personas: dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y dos elementos de la CIA que participaban en el desmantelamiento de uno de los narcolaboratorios de metanfetamina más grandes que se han encontrado en México. Lo que debió ser una noticia sobre una victoria contra el crimen organizado se convirtió, en cuestión de horas, en uno de los episodios más complejos y reveladores de la historia reciente de la relación entre México y Estados Unidos.
El operativo se planeó durante tres meses a nivel estatal, sin notificación previa a la Presidencia ni a instancias federales. Los agentes de la CIA vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para pasar desapercibidos. Según Los Ángeles Times, este operativo fue al menos la tercera incursión de agentes de la CIA en territorio mexicano en lo que va de 2026. El Gabinete de Seguridad confirmó que uno de los agentes ingresó al país como turista —sin ningún permiso para actividades operativas— y el otro usó pasaporte diplomático. Ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni ninguna institución federal de seguridad tenía conocimiento de su participación.
El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ofreció por lo menos tres versiones distintas en cuarenta y ocho horas: primero, que los agentes habían participado directamente en el operativo; luego, que sólo daban capacitación sobre drones; finalmente, que los encontraron “a pie de carretera” y les dieron “un aventón”. Periodistas señalan tener imágenes que ubican a los agentes directamente en el sitio del narcolaboratorio. La mentira no le alcanzó al fiscal ni para cruzar el fin de semana.
La versión del Gobierno Federal y de morena es que la gobernadora Maru Campos se saltó a la Presidenta de la República y pactó directamente con la CIA para llevar a cabo los operativos. Si esto es cierto, es una gravísima violación al orden constitucional y al pacto federal. Pero admitirlo implica algo que la narrativa oficial prefiere no subrayar: que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Seguridad, la Sedena y la Semar —todas ellas responsables de supervisar a los agentes extranjeros en territorio nacional— no tenían la menor idea de lo que estaba ocurriendo en su propio país. Que la CIA operó disfrazada con uniformes mexicanos al menos tres veces en 2026 sin que nadie en el gobierno federal lo supiera ni lo detuviera es, en el mejor de los casos, una falla monumental de inteligencia. Y en el peor, algo que vale la pena no terminar de decir en voz alta.
El gobierno federal tiene la autoridad migratoria a su cargo: sabe quién está en el país. Además, las fuerzas castrenses participaron en el operativo, que es un tema de competencia federal. Quien establece los canales de comunicación con agencias extranjeras es el gobierno federal. La pregunta incómoda para la 4T es entonces inevitable: ¿la Sedena participó en el operativo sin saber que había agentes de la CIA entre ellos, o sí lo sabía y prefirió no informar a la presidenta? Cualquiera de las dos respuestas es inquietante.
Por su parte, el gobierno de Chihuahua y el PAN no salen mejor librados. Si Maru Campos actuó por la libre, lo que hizo fue usurpar una facultad exclusiva del Ejecutivo Federal: la conducción de la política exterior y la seguridad nacional. Y lo hizo en un momento particularmente delicado, con un presidente estadounidense particularmente agresivo contra Mexico y los mexicanos que ha declarado organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos, que con esa justificación derrocó un gobierno de la región, que mantiene en vilo la estabilidad mundial y que gobierna con el manual de la confrontación permanente. Que el gobierno de un estado fronterizo decida unilateralmente realizar colaboraciones con un gobierno extranjero puede llegar a tener consecuencias literalmente desastrosas para el Estado Mexicano
Y aquí hay una pregunta que nadie ha hecho con suficiente claridad: ¿sabía el gobierno de Chihuahua qué información era relevante para los agentes de la CIA? ¿Qué se llevaron, además del mérito del operativo?
La Ley de Seguridad Nacional es, en este asunto extraordinariamente clara. El artículo 70 establece que los servidores públicos de los tres poderes de la Unión, de los organismos con autonomía constitucional, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su relación con agentes extranjeros, deberán apegarse a las normas, parámetros y obligaciones previstas en la ley, y que su inobservancia será causa de responsabilidad administrativa o penal.
El mismo artículo obliga a los servidores públicos a informar por escrito a las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, dentro de los tres días hábiles siguientes, sobre cualquier reunión, intercambio de información, llamadas telefónicas o comunicaciones que sostengan con agentes extranjeros. Las reuniones con agentes extranjeros deben ser autorizadas con anterioridad por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad, y en ellas debe estar presente un representante de la SRE.
Nada de eso ocurrió. Y aquí viene la parte que la narrativa de morena omite con cuidado: la ley también establece que las autoridades responsables de la supervisión y vigilancia de los agentes extranjeros serán corresponsables del incumplimiento de las disposiciones generales y específicas que resulten aplicables, y serán sancionadas en los términos que disponga la legislación.
Es decir: si caen cabezas en Chihuahua, la ley exige que también caigan en la Federación. No hay manera jurídicamente honesta de leer este marco normativo de forma selectiva. O la ley aplica para todos, o no aplica para nadie.
En medio de este caos, hay un actor que observa con satisfacción: la administración Trump. El incidente fue aprovechado para presionar por una colaboración militar más agresiva. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, exigió “un poco de simpatía” a Sheinbaum por la muerte de los agentes, argumentando todo lo que Estados Unidos hace para frenar el narcotráfico.
Pero más allá de la declaración de prensa, lo que Trump obtuvo con esta crisis es algo mucho más valioso: midió cómo reacciona el gobierno mexicano cuando se viola su soberanía territorial. Midió cuánto tarda en notarse. Midió qué tan profundo llega la coordinación entre la CIA y autoridades mexicanas sin que la Presidencia lo sepa. Y midió cuánto puede explotarse políticamente la grieta entre el gobierno federal y los Estados gobernados por la oposición.
Lo que ha cambiado con Donald Trump no es la presencia de agentes estadounidenses en México, sino el estilo: menos disimulo, más protagonismo. El caso Camarena en 1985 tensó la relación bilateral durante años y dejó preguntas sin respuesta sobre los límites reales de la soberanía. El caso Chihuahua en 2026 llega con el mismo peso histórico, pero en un contexto más peligroso: un vecino más agresivo, un Estado mexicano más fracturado políticamente y una clase política que, en lugar de cerrar filas frente a la intrusión extranjera, se dedica a repartirse las culpas para no cargar ninguna.
Lo que comenzó como el desmantelamiento de un megalaboratorio —una victoria genuina contra el narco que beneficia a mexicanos y estadounidenses por igual— terminó convertido en un escándalo de soberanía, en una pelea entre poderes y en un mapa de vulnerabilidades institucionales
