Tras haberse resarcido el daño a las víctimas, una juez federal ordenó liberar a Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, el conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico, respectivamente, accidentado el pasado 28 de diciembre en Oaxaca, con un saldo de 14 muertos y decenas de heridos.
En una audiencia celebrada este miércoles, Diana Isabel Ivens Cruz, Juez de control del Centro de Justicia de Cintalapa, Chiapas, resolvió la extinción de la acción penal iniciada a los imputados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, razón por la que quedaron en libertad, confirmaron fuentes judiciales.
Los dos procesados estaban internados en el Penal Estatal de El Amate.
Esta resolución fue emitida luego de que el pasado 8 de abril Ernestina Godoy, titular de la FGR, informara que 145 personas firmaron un acuerdo reparatorio con Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de la Secretaría de Marina (Semar), para que les resarcieran el daño.
De momento no está claro si la extinción de la acción penal se dictó con base en un criterio judicial que autoriza extender el beneficio de la reparación del daño a las personas procesadas que no fueron parte de ese acuerdo.
La juez giró un total de tres órdenes de aprehensión por estos hechos y sólo está pendiente la captura de Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista de la locomotora siniestrada.
Díaz Gómez y Mendoza Cerón fueron detenidos en los últimos días de enero, el primero en Palenque, Chiapas, y el segundo en Coatzacoalcos, Veracruz.
Para la Fiscalía, el siniestro de diciembre pasado es atribuible al exceso de velocidad.
La FGR señala que Canteros Méndez es responsable de haberse excedido del límite de velocidad permitido de 50 kilómetros por hora, pues al momento del siniestro el tren iba a 65 kilómetros por hora.
En tanto que Díaz Gómez y Mendoza Cerón presuntamente no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el tren, debido al exceso de velocidad atribuido a Canteros.
Según la imputación, el maquinista y el conductor tampoco contaban con licencia federal ferroviaria vigente, que los facultara para ejercer las funciones.
A pesar de la imputación, los procesados solo estuvieron dos meses con 25 días privados de su libertad.
