La Cámara de Diputado rechazó las modificaciones realizadas por el Senado a la reforma que endurece penas por delitos ambientales, y regresó el proyecto a la Cámara alta en los términos en los que la aprobó el año pasado.
A finales de noviembre del año pasado, el Pleno de San Lázaro aprobó por unanimidad modificaciones al Código Penal Federal para ampliar el catálogo de delitos ambientales e incrementar las penas para estos ilícitos.
En diciembre, el Senado avaló la reforma con cambios, al modificar la expresión "días de multa" por "veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización" y establecer que prácticas como el desmonte, extracción o destrucción de vegetación y recursos maderables, tala, ocupación, invasión o cambio de uso de suelo de terrenos forestales no serán consideradas delitos cuando se realice para satisfacer las necesidades básicas de personas ejidatarias, campesinas o que habiten en el medio rural.
Ahora, el proyecto fue aprobado por unanimidad con 450 votos y devuelto al Senado para su procesamiento.
El morenista Julio César Moreno anunció que los diputados insistirán en la redacción aprobada por los diputados, porque si bien la reforma constitucional de 2016 estableció que el salario mínimo no debe utilizarse como referencia para fines ajenos a su naturaleza, el artículo 29 del Código Penal Federal permite establecer sanciones en días multa vinculadas a la capacidad económica del infractor.
"Esto es fundamental, porque la sanción no debe ser igual para todos, sino proporcional a los ingresos de quienes cometan los delitos en materia ambiental. Muchos de estos ilícitos general beneficios económicos significativos. Por ello, establecer multas fijas puede convertirlas en un costo más de operación para grandes empresas, en cambio, el sistema de días multa permite al juzgador la sanción logrando un impacto real y disuasivo", afirmó.
El legislador dijo que la excepción para personas del medio rural agregada por el Senado ya se encuentra prevista en el artículo 423 del Código Penal Federal, que establece que no se configuran los delitos de desmonte, tala de árboles o cambio de uso de suelo cuando estas actividades se realizan para satisfacer necesidades básicas de comunidades rurales, indígenas o afromexicanas.
"No es necesario duplicar disposiciones, ni generar posibles contradicciones normativas", indicó.
El priista César Domínguez consideró que el Senado tiene una confusión técnica, pensando que la reforma aprobada por los diputados considera como parámetro en materia de multas el salario mínimo, pero en realidad el criterio establecido son los "días multa".
Domínguez explicó que los días multa son aquellas percepciones netas diarias que el sentenciado tiene al momento de que se consuma el delito, mientras que el salario mínimo quedó desindexado de todo lo que tiene que ver con multas en el sexenio del ex Presidente Enrique Peña Nieto.
"El Código prevé que los días multa son aquellas percepciones netas diarias que el sentenciado tiene al momento en el cual se consuma el delito. Es decir, no estamos hablando del salario mínimo, estamos hablando de otra figura que tiene que ver con el ingreso que tiene de manera neta aquel que consuma este delito", detalló.
Guillermo Anaya Llamas, del PAN, coincidió en que la excepción incorporada por el Senado para personas ejidatarias, campesinas o que habiten en el medio rural generaría una norma paralela y el riesgo, incluso, de contradicción normativa, lo que dificultaría la aplicación estricta del derecho.
El legislador dijo que si bien cada Cámara del Congreso tiene autonomía legislativa, el proceso también reconoce que la Cámara de Diputados puede no aceptar las modificaciones del Senado y sostener su postura.
"Esta Comisión determina que ambas modificaciones son improcedentes y sometemos al pleno en los mismos términos en que esté pleno lo aprobó en el mes de noviembre pasada () No es intransigencia, es respeto al proceso legislativo constitucional y a la voluntad de la soberanía de esta Cámara", afirmó.
