El miércoles 15 de abril, Edith Guadalupe Valdés Zaldívar de 21 años, cruzó la puerta del edificio de Avenida Revolución 829 en la alcaldía Benito Juárez. Las cámaras de vigilancia del inmueble estaban desconectadas. Quien tenía acceso al sistema para manipularlas era el vigilante. Ese dato, que la Fiscalía de la CDMX reveló días después, resume en una sola línea el horror de este caso: ¿acaso el depredador controlaba los ojos del edificio?
El viernes 17, Juan Jesús "N", de 24 años, fue detenido como presunto feminicida. La Fiscalía presentó indicios biológicos, manchas hemáticas en la caseta de vigilancia, un desarmador como arma y contradicciones en sus declaraciones. El caso parecía encaminado y con una resolución en “tiempo récord”, considerando el tiempo de la justicia en México.
Todo iba bien hasta que su defensa encendió una bomba: existía un video del elevador, grabado el 7 de abril, ocho días antes de la muerte de Edith, donde un hombre de aproximadamente 50 años acosaba sexualmente a otra joven dentro del mismo inmueble. Un edificio al que, según testigos, mujeres jóvenes acudían con regularidad a entrevista de trabajo.
La Fiscalía actuó rápido en este frente: identificó al sujeto del video, verificó registros de acceso y determinó que no se encontraba en el inmueble el día del feminicidio. Confirmó que será entrevistado. Reiteró que no fabrica culpables. Pero la pregunta incómoda permanece: ¿qué sabía la administración del edificio sobre lo que ocurría en ese elevador? ¿Cuántas mujeres más entraron a ese inmueble buscando trabajo y salieron —o no salieron— sin que nadie registrara nada?
Mientras tanto, el propio acusado presenta un nuevo capítulo institucional escandaloso: su abogado anunció que Juan Jesús "N" tiene signos de golpes y no descarta activar un protocolo por posible tortura. Su familia lo describe como un "chivo expiatorio" amenazado para declararse culpable. La Fiscalía responde que tiene pruebas sólidas. La audiencia para vincular o no a proceso se celebra hoy, 22 de abril que estoy escribiendo esta columna y me da escalofrío pensar: Si hay tortura y hay culpable verdadero suelto, la justicia para Edith se construye sobre cimientos que la pueden derrumbar.
A todo esto se suman tres funcionarios de la Fiscalía separados de su cargo por las irregularidades documentadas desde el primer día: la negativa a actuar en las 72 horas críticas, las cámaras institucionales que "no funcionaban", y los agentes que solicitaron dinero a la familia para avanzar en la búsqueda. Lamentablemente no son excepciones, son el sistema.
Entre 2018 y 2025 se registraron más de 26,600 homicidios de mujeres en México, pero solo el 25% fueron investigados bajo protocolo de feminicidio, según cifras oficiales, “porque también matan a los hombres” dicen ellos, y por eso, miles de casos de feminicidios solo quedan en el expediente empolvado y olvidado.
La impunidad no es un accidente: es una política de facto.
Lo que el caso Edith nos deja, más allá del dolor y la indignación, es una radiografía institucional inocultable: cámaras que se apagan cuando conviene, funcionarios que cobran por investigar, detenidos que aparecen golpeados, acosadores que andan libres, y edificios enteros que operan como zonas de impunidad normalizada.
La justicia para Edith no puede ser solo un detenido. Tiene que ser el desmantelamiento de todo lo que hizo posible que una joven fuera víctima de feminicidio.
Porque cada vez que ocurre un caso como el de Edith, el ciclo mediático produce con eficiencia industrial una lista de “recomendaciones para mujeres”: verifica la empresa, no vayas sola, avisa a alguien de tu ubicación, desconfía de sueldos altos. Edith hizo todo eso. Verificó. Avisó. Compartió su ubicación. Viajó en un servicio de aplicación. Y aún así, la mataron. No fallaron las precauciones de Edith. Falló el Estado. Falló la fiscalía que la dejó esperando. Fallaron los administradores que ocultaron las cámaras. Falló el sistema que convierte la búsqueda de empleo en ruleta rusa para las mujeres.
