Bajo presión
Uno entra a los perfiles de los gobernadores y encuentra lo de siempre: aplausos, apoyo, entusiasmo, corazones. Todo parece indicar que las cosas marchan bien: la gente respalda, hay conexión. Las benditas redes sociales interactuando con el poder. No es así.
Un análisis reciente del Índice de Salud Digital de CRIPESO, basado en el comportamiento de cuentas de los gobiernos estatales durante marzo de 2026, sugiere otra cosa: lo que vemos no siempre está ahí por decisión de la ciudadanía, sino por decisión de quien administra la conversación. Una mano invisible que interviene, manipula, diseña
Hay dos formas de hacerlo. La primera es la más burda: borrar. Eliminar comentarios incómodos, desaparecer la crítica, limpiar el espacio hasta que sólo queden las voces que aplauden. No se trata de moderar insultos o spam, sino de una eliminación selectiva que aparece cuando las reacciones negativas comienzan a crecer. Una selfie democrática pero con filtros.
La segunda es más sofisticada: saturar. Las páginas no borran, no eliminan, pero inundan la conversación con mensajes positivos, repetitivos, artificiales. Redes de cuentas automatizadas o coordinadas que generan engagement atípico y fabrican una sensación de respaldo. Hacer tanto ruido que la crítica se vuelva irrelevante. El concierto multitudinario en que gritan los bots.
En ambos casos, el resultado es el mismo: una ilusión de respaldo.
El Índice de Salud Digital de CRIPESO identifica patrones claros. Hay gobiernos que eliminan sistemáticamente las críticas. Otros que no la tocan, pero la diluyen bajo una avalancha de interacción artificial. Hay páginas que combinan ambas estrategias: censura y amplificación. Distintas rutas para un mismo objetivo: controlar la percepción.
Los resultados del Monitor de Salud Digital indican en los primeros lugares de distorsión digital a los gobernadores Víctor Manuel Castro (Baja California Sur), Julio Menchaca (Hidalgo), Layda Sansores (Campeche), Alejandro Armenta (Puebla) y Joaquín Díaz Mena (Yucatán), todos ellos de la coalición oficialista.
Aparte de estos primeros lugares, hay ejemplos que se tienen que leer más allá del sitio que ocupan en el ranking, como Puebla, que no censura de forma visible, pero encabeza la actividad artificial: no borra, entierra. Así como Jalisco (Pablo Lemus), donde se hace lo contrario: mantiene interacción orgánica, pero filtra la conversación con altos niveles de censura. Dos modelos distintos, el mismo resultado: una conversación distorsionada.
Aguascalientes ofrece un caso más sutil, pero igual de significativo. El gobierno de Teresa Jiménez no es un extremo, o es el peor caso, pero tampoco es un ejemplo de transparencia. Se ubica en una zona gris: séptimo lugar nacional, con un desempeño que combina censura moderada (ICC 0.32) y riesgo medio de manipulación (ISG 0.36). No sólo se filtra lo que se dice, también se interviene cómo se percibe. El resultado es una conversación parcialmente controlada. En términos de comunicación política: eficaz; en términos democráticos: problemático.
La crítica no desaparece del todo, pero se administra. El respaldo no siempre es orgánico, pero se muestra como si lo fuera. El resultado es una conversación parcialmente controlada: suficientemente abierta para parecer real, suficientemente intervenida para no incomodar. Un modelo híbrido. Aquí es donde el problema deja de ser digital, si un gobierno cree que tiene apoyo cuando no lo tiene, gobierna mal. Si no escucha la crítica porque la eliminó o la sepultó, se desconecta. Y si la conversación pública es una puesta en escena, la democracia se convierte en simulación.
Esta distorsión no sólo engaña a la ciudadanía. También puede engañar al propio gobierno. Cuando un equipo de comunicación construye una burbuja donde todo parece aprobación, el gobernante pierde el pulso social y termina tomando decisiones sobre una realidad editada. No es propaganda: es autoengaño.
Durante años asumimos que más likes significaban más respaldo. Hoy esa equivalencia ya no se sostiene. Las redes sociales prometían abrir el diálogo, ahora, en muchos casos, lo están sustituyendo por una versión administrada. Lo más grave no es que ocurra, grave es que empiece a parecernos normal.
Porque cuando la conversación pública se convierte en escenografía, la democracia deja de ser un ejercicio de escucha y se vuelve un ejercicio de control. No gobierna quien entiende, sino quien mejor edita.
En México, el poder aprendió rápido a domesticar el ruido digital. Algunos borran. Otros saturan. Los más eficaces hacen ambas cosas. No para convencer, sino para construir una realidad donde la crítica no incomode y el respaldo nunca falte.
La pregunta deja de ser técnica y se vuelve política: ¿quiere el gobierno saber lo que la gente piensa o prefiere seguir administrando lo que parece que dice? Si la respuesta es lo segundo, no estamos frente a un problema de redes sociales. Estamos frente a un problema de realidad.
Coda. La nueva ceguera digital, gobiernos que terminan creyendo su propia ficción y decidiendo sobre un país que sólo existe en sus redes.
@aldan
