De las 9 mil 922 denuncias presentadas por tomas clandestinas entre 2024 y 2025, el 60.9 por ciento se concentró en apenas cinco entidades: Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas.
Registros oficiales de Pemex detallan que Hidalgo encabezó la incidencia con mil 792 denuncias, seguido de Puebla con mil 497, Estado de México con mil 120, Guanajuato con 831 y Tamaulipas con 801, acumulando en conjunto 6 mil 41 casos en dicho periodo.
La tendencia se mantuvo durante 2025, donde Hidalgo reportó picos de hasta 142 denuncias mensuales, mientras Puebla superó los 70 registros en diversos cortes y el Estado de México se consolidó como foco rojo permanente.
Pemex advierte que una sola denuncia puede involucrar más de una toma clandestina, por lo que el volumen real de perforaciones ilegales puede ser mayor al número de casos registrados.
En Hidalgo, el delito presenta un fuerte arraigo territorial en el corredor Tula-Tlahuelilpan-Cuautepec, operado por bandas locales de extracción.
En contraste, en Puebla el robo de combustible escaló a un mercado en disputa entre estructuras locales y nacionales; el Gobierno estatal reconoció en enero de 2025 la presencia de al menos siete grupos criminales, destacando a La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Sinaloa y La Barredora.
Para el Estado de México, el análisis de seguridad ubica al CJNG como la organización con mayor liderazgo en el huachicol dentro del Valle de México.
En el caso de Guanajuato, la extracción ilegal es el eje de la confrontación entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el CJNG.
Finalmente, Tamaulipas presenta un esquema híbrido de huachicol tradicional y fiscal. Autoridades locales reportan asedio criminal contra gasolineras en Altamira, González y Llera, bajo el control del Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste, quienes también han sido vinculados por agencias de Estados Unidos con el contrabando transnacional de combustible.
