¿Víctimas o victimarios?

Vivimos en una época en la que una acusación en redes sociales puede destruir en cuestión de horas lo que a una persona le tomó años construir. En el caso de los docentes, esto es todavía más delicado, porque no solo está en juego su nombre o su empleo, sino también su vida personal y su salud. Hoy basta una publicación, una captura de pantalla fuera de contexto o una versión difundida con enojo para colocar a alguien en el papel de culpable ante los ojos de cientos o miles de personas, sin que exista todavía una investigación seria, una revisión institucional o una comprobación mínima de los hechos.

Denunciar, cuando existe una conducta indebida real, es legítimo, necesario y muchas veces valiente. Lo preocupante es cuando se sustituye la denuncia formal por el tribunal de las redes sociales, donde casi nunca importa la verdad completa, sino el impacto, la indignación y la velocidad con la que se propaga el señalamiento, la viralidad. Esa acusación puede convertirse en sentencia pública sin pruebas suficientes, y la presunción de inocencia se pierde por el miedo de los demás a ser también “cancelados”.

Este fenómeno genera un daño profundo en el ambiente educativo. Por un lado, puede dejar en estado de indefensión a docentes que quizá son inocentes, pero que ya fueron condenados en la opinión pública antes de poder explicar lo ocurrido. Por otro, también perjudica a los propios estudiantes, porque cuando se normaliza la denuncia irresponsable o malintencionada, las denuncias verdaderamente serias corren el riesgo de ser vistas con sospecha. Es decir, el abuso del señalamiento público termina debilitando la credibilidad de quienes sí necesitan ser escuchados y protegidos.

Además, esta lógica de cancelación rompe algo esencial en cualquier institución educativa: la confianza. Un docente que siente que cualquier desacuerdo, corrección académica, llamada de atención o malentendido puede terminar convertido en linchamiento digital, difícilmente va a ejercer su labor con libertad, firmeza y cercanía. Y un estudiante que aprende que la exposición pública es el primer recurso, antes que el diálogo, la queja institucional o la evidencia, también se forma en una cultura donde la verdad importa menos que la narrativa más escandalosa.

No se trata de blindar a los maestros ni de negar que existan casos reales de abuso, arbitrariedad o conductas impropias. Eso sería igual de irresponsable. Se trata de defender un principio básico: en asuntos graves, ni el prestigio de una persona ni la voz de una posible víctima deben quedar a merced del impulso, la revancha o la presión del momento. Las instituciones educativas tienen que actuar con seriedad, rapidez y objetividad. Y la comunidad universitaria debe entender que justicia no es sinónimo de viralidad.

Si este tipo de situaciones se resuelven por presiones en redes sociales, todos salimos perjudicados. Pierde el docente inocente que queda marcado. Pierde la víctima real cuya denuncia puede ser relativizada por el abuso previo de este recurso. Y pierde, sobre todo, la educación, cuando la relación entre maestros y alumnos deja de construirse sobre respeto y confianza para quedar sometida al miedo, la sospecha y la exposición pública.