Aguascalientes, AGS; El Colegio de Economistas de Aguascalientes expresó su preocupación por los criterios judiciales que permiten el bloqueo de cuentas bancarias bajo sospecha de actividades ilícitas sin una orden previa de un juez.
En un posicionamiento dirigido a la opinión pública y a autoridades del Poder Judicial y Ejecutivo, el organismo señaló que, si bien es necesario combatir el financiamiento de actividades delictivas, estas medidas podrían generar efectos negativos tanto en la economía como en los derechos fundamentales de las personas.
La presidenta del Colegio, Ma. del Carmen Corchado Reyes, advirtió que la posibilidad de inmovilizar recursos con base en sospechas administrativas introduce incertidumbre en el sistema financiero, lo que podría desincentivar la inversión y afectar la seguridad jurídica.
El organismo subrayó que este tipo de acciones impacta particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que un bloqueo de cuentas puede comprometer de forma inmediata su operación, impidiendo el pago de nómina y obligaciones fiscales, incluso antes de que se compruebe alguna irregularidad.
Asimismo, alertó que otorgar este nivel de discrecionalidad a las autoridades podría incentivar la migración de capital hacia la informalidad, al generar desconfianza en el sistema bancario y en los procesos de bancarización.
En ese sentido, el Colegio enfatizó que el acceso y disposición de recursos legalmente obtenidos forma parte del derecho de propiedad, por lo que cualquier restricción debe ser excepcional, temporal y estar sujeta a control judicial.
De esta forma, propuso que los bloqueos de cuentas cuenten con validación previa de un juez, así como la implementación de mecanismos ágiles para que las personas afectadas puedan demostrar la legalidad de sus recursos en plazos breves.
También planteó la necesidad de transparentar los criterios que detonan estas medidas, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas o posibles abusos.
Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades para revisar estos mecanismos y garantizar un equilibrio entre el combate a la ilegalidad y la protección de las garantías constitucionales, en favor de la estabilidad económica y la certeza jurídica.
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