Dos noticias sobre un mismo tema: los alcances del crimen organizado, su devastadora capacidad destructiva, corruptora, violenta y asesina. El debate nacional, entre las nuevas capacidades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la discusión en la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la impunidad y los desaparecidos en México. No obstante, nuevamente esta presente la terrible incongruencia, esa que, a lo largo de las últimas décadas, ha caracterizado el tratamiento de esta problemática. Esa que, vuelve a sentar sus reales en el discurso y la actitud oficialista, ahora con una “izquierda” en el gobierno, que intenta ignorar o “tapar con un dedo”, la desgarradora realidad que afecta a cientos de miles de personas día con día.
Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que sea considerada constitucional, la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias -siempre que existan indicios relacionados con el lavado de dinero, operaciones de procedencia ilícita o financiamiento al terrirismo- sin requerir una orden judicial previa o la solicitud de una autoridad u organismo internacional. Con esta decisión, ha quedado sin efecto el criterio de la Corte anterior (la cual impedía el bloqueo de cuentas) y se avala la reforma que realizó el Congreso de la Unión en 2022, al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Aunque en defensa de la decisión, la ministra Loretta Ortiz señaló que, “dicha medida no deriva de una resolución ministerial o jurisdiccional en materia penal, pues su finalidad es exclusivamente la prevención de utilizar indebidamente el sistema financiero, y finalmente pueden no culminar en un procedimiento del orden penal”, los críticos a la medida han subrayado que, la falta de especificidad en la ley en las causales de “prevención”, podrían dar lugar a todo tipo de interpretaciones, abusos y uso político de dicho recurso contra opositores al régimen.
Más allá de esta discusión, lo cierto es que la medida levanta dudas sobre la protección al derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica. Frente a una visión de gobierno que ha sido más consistente en su agresividad discursiva hacia quienes no comparten su misma ideología, que frente a los propios cárteles (por lo menos así fue todo el sexenio de AMLO), resulta difícil creer que la medida no podría emplearse con tintes autoritarios en un futuro cercano.
Por otra parte, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó al Secretario General que remita a la Asamblea General, la situación de las desapariciones en México para que ésta delibere y apoye al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen. Dicho comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se cometen “desapariciones forzadas” que podrían equivaler a crímenes de “lesa humanidad”, ademas de argumentar que se han producido “ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil” en diferentes partes del país.
El organismo hace énfasis en que “las autoridades están desbordadas por la magnitud de la crisis” y subraya que existe una “impunidad estructural”. Aunque la entidad subrayó que “no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones y tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado”, también destacó que, “en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
¿Cuál fue la reacción del oficialismo? La negación. El rechazo al informe. Criticar sus “omisiones”. Algunos incluso dijeron que se trataba de un “golpeteo político”. ¿Dónde quedó aquella “izquierda” cuya fuerza moral se fundaba en la indignación ante el dolor ajeno? Consumida por un lopezobradorismo pragmático y convenenciero.
Aquellos que antes representaron una izquierda defensora de los derechos fundamentales, compasiva y solidaria, hoy se desdibujan ante los ojos de un pueblo, cada vez mas consciente e indignado por la cifra de más de 132 mil desaparecidos. Estos dos ejemplos evidencian la incongruencia en que ha caído la izquierda gobernante: defender los “dientes” para la UIF, pero cerrar los ojos y hacer oídos sordos, frente a aquellos que desde distintas latitudes, manifiestan su preocupación por la violencia imperante. Cuanto antes, Claudia Sheinbaum debe salirse de esa trampa y buscar recuperar los valores perdidos.
