Aguascalientes como todo México, ha demostrado una enorme incapacidad para proteger a sus infancias. Hoy en día, los menores de edad son uno de los grupos que enfrentan mayor vulnerabilidad en nuestro país y en nuestro estado, en los dos últimos años hemos conocido casos que por su gravedad han calado hondo en la sociedad, pero no son los únicos, por mencionar dos de los más sonados están el de la bebé cuyo padre la metió al congelador, o el de la mamá que fue puesta en evidencia, cuando maltrataba a su hijo porque no había podido vender todos sus dulces, en tanto ella lo esperaba cómodamente en su camioneta.
Mientras un grupo amplio de personas se manifiesta efusiva y constantemente a favor de la vida, cientos de niñas y niños viven un verdadero calvario en sus propios hogares, el espacio que debería ser el lugar más seguro para ellos, resulta ser el espacio donde menos los cuidan y más los maltratan. En una rápida consulta al (bendito) Chat GPT, Aguascalientes ha llegado a posicionarse en el top 10 nacional en cuanto a violencia infantil y juvenil se refiere, esto incluye violencia física, psicológica, verbal y sexual; tan sólo en 2022 ocupó el lugar número 8 a nivel nacional con más niñas, niños y adolescentes hospitalizados por haber sufrido violencia física.
Estos datos son verdaderamente aterradores y en este punto salta la pregunta ¿acaso no es tan valiosa la vida de todos esos menores que son víctimas de quienes los deberían de cuidar y proteger, tanto como la de aquellos que aún no nacen? Y, sin embargo, no hay manifestaciones a favor de sanciones más severas para quienes maltraten a menores, o bien para impulsar presupuestos que pongan en marcha campañas intensas de protección de la niñez, o propuestas en general para desalentar el maltrato infantil. En concreto, si vamos a defender a unos, defendamos a todos.
Desde luego, no todo es responsabilidad de los gobiernos, que junto con la sociedad están reprobados en materia de protección de las y los menores, que enfrentan problemas tan graves como carencia alimentaria, trabajo infantil, abandono, deserción escolar y desde luego, pobreza; esta última no necesariamente se asocia a los anteriores, sin embargo, todas esas dificultades representan una forma de maltrato, aparentemente no tan grave como la violencia física, verbal o emocional.
Pero lo más lamentable, es que no hay andamiaje jurídico, ni un Estado capaz de hacer frente a estos temas, pues si bien el interés superior de la niñez obliga a las autoridades a proteger a los menores contra toda forma de violencia, ésta sigue presente en nuestra sociedad y en vez de disminuir va en aumento y al parecer cada vez con mayor ferocidad. Peor todavía es el subregistro del maltrato infantil, porque la mayoría de los casos no se denuncian por obvias razones.
Lo más triste, es que nos hemos convertido en una sociedad omisa, hemos normalizado la violencia en general, y el aparato gubernamental tampoco le encuentra la cuadratura al círculo, la negligencia de la que hacemos gala sociedad y gobierno, nos está costando muchas vidas, y, además de los casos de menores fallecidos a manos de quienes deberían de protegerlos, están aquellos que logran superar sus condiciones de vida, pero como nadie les ha enseñado que hay otras formas de enfrentarse al mundo, seguramente replicarán la violencia y las conductas agresivas.
Ojalá que ese grito de “sí a la vida” incluyera a todas las niñas, a todos los niños y todos los adolescentes, y que al mismo tiempo se convierta en un auto cuestionamiento “hasta dónde vamos a llegar y hasta cuándo vamos a permitir que los derechos de nuestras infancias sigan siendo vulnerados por todas y todos”.
