El modelo extractivista en México --que incluye actividades como la minería, la explotación de hidrocarburos y el "fracking"-- está asociado a impactos sociales, ambientales y de violencia en diversas regiones del País, advirtió un estudio de la Universidad Iberoamericana.
A través del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA), la institución documentó que este modelo de explotación intensiva de recursos naturales no sólo genera degradación ambiental, sino también ruptura del tejido social, afectaciones a economías locales y conflictos territoriales, especialmente en comunidades rurales e indígenas.
El análisis, integrado en el libro Alternativas hacia la paz con reconciliación, señala que los proyectos extractivos suelen justificarse bajo discursos de desarrollo económico, crecimiento y generación de empleo; sin embargo, la evidencia recopilada muestra que en muchas zonas donde se implementan se registran mayores niveles de desigualdad, pobreza y tensiones sociales.
Las investigadoras del OCSA identificaron tres grandes dimensiones de impacto. En el ámbito social, destacan daños a la salud, deterioro del tejido comunitario y afectaciones a patrimonio cultural.
En el plano ambiental, documentan contaminación del agua, degradación del suelo y pérdida de biodiversidad. A ello se suman dinámicas de violencia, que incluyen desplazamientos forzados, criminalización de la protesta y agresiones contra comunidades.
En este contexto, la Ibero ubica al fracking -fractura hidráulica para extraer gas o petróleo- como parte de este modelo extractivo, al implicar una explotación intensiva de recursos naturales con potenciales impactos severos en el entorno y en la vida de las poblaciones cercanas.
El Observatorio también señala que el extractivismo ha sido impulsado en México a lo largo de distintos gobiernos mediante reformas, apertura a la inversión privada y desarrollo de megaproyectos, lo que ha consolidado un esquema orientado a la explotación de recursos naturales como base del crecimiento económico.
Ante la posibilidad de ampliar la producción de gas natural mediante técnicas no convencionales, la Universidad Iberoamericana planteó la necesidad de evaluar con mayor profundidad los efectos sociales, ambientales y de derechos humanos antes de impulsar nuevos proyectos, a fin de evitar escenarios de conflicto y deterioro en las comunidades.
El análisis advirtió que el debate energético no sólo debe centrarse en la disponibilidad de recursos, sino también en sus costos sociales, por lo que llama a incorporar criterios de sostenibilidad, justicia socioambiental y respeto a derechos humanos en la toma de decisiones públicas.
