A unos pocos días de iniciar una nueva edición de la Feria Nacional de San Marcos, no puedo evitar pensar en el enorme gasto que se hace en las presentaciones “gratuitas” de los artistas, y es que, con el paso de los años, vemos cada vez con más frecuencia, tanto a nivel nacional como local, a gobiernos que anuncian con entusiasmo grandes eventos públicos, presumiendo la cartelera, hablando de miles de asistentes, de alegría colectiva, de convivencia social y del acceso gratuito al espectáculo.
Mientras se lleva a cabo el evento, todo es festejo y diversión junto con la sensación de que se hizo algo importante. Después del evento, de vuelta a la realidad: los hospitales siguen con carencias, las escuelas siguen necesitando mantenimiento, las calles siguen deterioradas, el transporte público sigue fallando y la inseguridad no desaparece porque haya un artista en el escenario.
Entonces cabe preguntarse en dónde quedan esos temas verdaderamente importantes y urgentes en el país y en Aguascalientes. Uno de los principales argumentos del gobierno para justificar este tipo de gastos es que la gente también necesita entretenimiento, diversión, emoción y espacios para distraerse. Y sí, eso es cierto. Nadie puede negar que el esparcimiento forma parte de una vida social sana. La cultura y los eventos públicos tienen valor. El problema no está en reconocerlo, sino en usar ese argumento para tapar una mala jerarquía de prioridades.
Si se quiere ver desde una lógica elemental, incluso la famosa pirámide de Maslow ayuda a entenderlo. Antes de pensar en satisfacer necesidades relacionadas con el disfrute, la emoción o la realización, primero deberían estar razonablemente cubiertas las más básicas: salud, seguridad, estabilidad, educación, condiciones mínimas de bienestar. Cuando esas bases siguen incompletas, insistir en que lo urgente es organizar espectáculos masivos suena más a evasión que a política pública seria, pero políticamente rentable.
Es la misma lógica de una familia que vive en condiciones de pobreza y que decide gastar buena parte de lo que tiene en una gran fiesta de quince años para una de las hijas. Habrá música, comida, fotos bonitas y una noche memorable. Pero si después ya no alcanza para medicinas, colegiaturas o atender una enfermedad, entonces lo que queda no es orgullo, sino una cruda moral muy difícil de esconder. Con el dinero público pasa exactamente lo mismo: lo festivo puede lucir mucho, pero no deja de ser irresponsable si se financia a costa de lo indispensable.
Lo que inquieta no es solo el monto gastado, sino el mensaje de fondo. Cuando para reparar una escuela, surtir un centro de salud o mejorar servicios básicos siempre se responde que no hay presupuesto, pero para el espectáculo sí aparece el dinero en millones, la prioridad queda clara. Se gobierna para el aplauso inmediato, para la emoción de una noche. Y esa, en mi opinión, no es la forma más responsable de administrar.
Además, suele venderse la idea de que estos eventos “reactivan la economía”, “fortalecen la convivencia” o “le devuelven alegría al pueblo”. Algo de eso puede existir, pero no todo gasto festivo se convierte automáticamente en inversión social. Mucho menos cuando las ganancias quedan en manos de unos cuantos, incluso foráneos, y además existe poca transparencia sobre los costos reales, los contratos y los criterios de selección.
Gobernar implica elegir. Y elegir también significa renunciar. Si se destinan millones a un concierto, esos millones ya no podrán utilizarse en otra cosa. Así de simple. Por eso no basta con decir que el evento fue un éxito porque llenó una plaza. También habría que preguntarse qué necesidad más importante se dejó en espera para financiarlo.
