Abrió un debate que va más allá del ahorro público, al poner sobre la mesa la discusión sobre derechos adquiridos
La reforma contra las llamadas "pensiones doradas" en organismos como Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex abrió un debate que va más allá del ahorro público, al poner sobre la mesa la discusión sobre derechos adquiridos, no retroactividad y certeza jurídica.
El cambio fija un tope de 50 por ciento de la remuneración presidencial, equivalente a unos 67 mil 145 pesos netos mensuales, lo que para jubilados como Gerardo Martín Franco Castro, de Jalisco, es una reducción a ingresos construidos durante décadas de trabajo.
"No tenemos pensiones o jubilaciones mal ganadas. Tenemos pensiones y jubilaciones ganadas con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo", dijo en entrevista.
Franco ingresó a la CFE el 28 de mayo de 1985 como auxiliar administrativo foráneo en agencias comerciales fuera de Guadalajara. Con el paso de los años ascendió a agente comercial, supervisor divisional, jefe de oficina divisional y posteriormente al área jurídica, donde llegó a ser jefe del Departamento Jurídico Divisional y más tarde subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos.
Su historia, dijo, no es excepcional, sino parecida a la de miles de trabajadores que se formaron y construyeron su retiro bajo reglas pactadas desde su ingreso.
El pensionado sostuvo que el problema de fondo no es solo el monto del recorte, sino el precedente que dejaría el Estado al modificar condiciones ya reconocidas en convenios de jubilación.
A su juicio, si un Gobierno puede cambiar de manera posterior los términos bajo los cuales una persona se retiró, se debilita la confianza en los contratos, en las instituciones y en la propia vigencia del principio de no retroactividad.
