Con el rechazo de PAN y PRI, Morena, y sus aliados PT, PVEM, y MC aprobaron en el Senado la creación de una ley que permitirá la inversión en infraestructura pública con mecanismo mixto que abrirá las puertas a capital privado.
Con la expedición de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, Morena también podrá disponer de hasta un 30 por ciento de los ahorros de retiro de los trabajadores.
La senadora Claudia Anaya, del PRI, tachó de hipócrita a la bancada de Morena por impulsar una iniciativa de corte tecnocrático y neoliberal.
La legisladora zacatecana aseguró que en México ya no existe una izquierda que luche contra el neoliberalismo, el capitalismo y el abuso hacia las clases trabajadoras.
Anaya alegó que asomaba un neoliberal abuso del recurso de los ahorros del retiro de los trabajadores.
"Voy a explicar los tres puntos y que quede claro que esa izquierda hipócrita que dijo defender los derechos de los trabajadores hoy no existe y hoy avala un dictamen, el más tecnócrata neoliberal que yo haya visto en mis años de legisladora y fuera de máscaras", expresó.
"Crecerá desbordadamente el gasto corriente y la deuda soberana (con) un neoliberal abuso del recurso de los ahorros del retiro de los trabajadores", sostuvo la priista.
El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara explicó que el capital privado entrará como socio contratista con obligaciones medibles.
"Los riesgos se distribuyen conforme a la capacidad de cada parte para administrarlos", dijo, y "la rectoría pública se fortalecerá con mejores reglas. No se trata de atraer capital a cualquier costo, sino con reglas de Estado".
"El planteamiento del dictamen busca superar la lógica de los modelos en los que el Estado perdía control operativo y asumía los riesgos más costosos. Aquí la propiedad permanece estatal", aclaró.
El senador panista Raymundo Bolaños advirtió que con la ley será posible iniciar procedimientos de contratación sin contar previamente con suficiencia presupuestaria.
"Con ello se rompe un principio elemental de responsabilidad hacendaria: primero debe estar garantizado el recurso y solo después comprometerse con el gasto. Estamos frente a un mecanismo de endeudamiento que compromete las finanzas de las próximas generaciones", advirtió.
"El Gobierno actual decidirá en qué gastar con su habitual priorización política, pero otros Gobiernos y los mexicanos del mañana tendrán que asumir el costo. Esta minuta significa acumulación de más deuda y mayor presión sobre las finanzas públicas".
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), expresó el respaldo a la iniciativa pero también consideró que el paso que se daba debía venir de la mano de certidumbre jurídica para el sector privado.
En ese sentido, censuró la decisión que la víspera tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias, sin orden judicial.
Esa decisión, protestó, en nada abona a la certidumbre jurídica que tanto necesita nuestro País.
"Vamos a acompañar la iniciativa, pero también vamos a levantar la voz para que en nuestro País se den las garantías y la certeza jurídica no solamente par las inversiones, sino para todos los mexicanos", manifestó.
