En el campo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, México va perdiendo dos a uno en relación a su principal socio comercial, Estados Unidos.
Dicho instrumento, que empezó a operar con la renegociación del T-MEC en 2020, está siendo cada vez más cuestionado por el Gobierno mexicano, quien incluso ha argumentado que EU se extralimita en su aplicación.
Para expertos, esto es resultado de jugar en una cancha dispareja, debido a que tanto Canadá como EU sí pueden presentar quejas laborales si se media una denuncia en contra de alguna empresa. Sin embargo, México no tiene esa misma oportunidad.
Desde la entrada en vigor del Tratado y hasta 2026, se han presentado ya 45 quejas laborales en contra de empresas que incurrieron en violaciones a la libertad sindical.
Asimismo, solamente seis de los 45 casos se derivaron a panel laboral, que es la última instancia para resolver el conflicto dentro de alguna instalación.
En tres de ellos ya se tiene una resolución: el primero, correspondiente a la Mina San Martín, se le dio la razón a México. Pero en los casos de Atento y la minera Camino Rojo, los expertos panelistas validaron los argumentos esgrimidos por EU.
"El Mecanismo ha sido eficaz para Estados Unidos. Ha demostrado una alta eficacia para ciertas industrias. Así que EU no necesita hacer nada más que seguir aplicándolo. Creo que se ha abusado y México tendría que buscar una instancia local previa, en la que se pudieran solventar estas diferencias, sin necesidad de ir al Mecanismo", opinó Jorge Sales, abogado laboral.
Sales explicó que, a través de este instrumento, ya fueron cerradas la mayoría de las quejas.
El 90 por ciento de ellas ha terminado en planes de remedición y en seis casos se presentaron paneles.
"Sí hay un hartazgo del Gobierno mexicano en el sentido de decir que por cualquier cosa se acude al Mecanismo y como este se activa sobre la base de una presunción de denegación de derechos, eso pone en un predicamento a ciertas industrias. La que más ha tenido quejas es la de autopartes, seguida de la minería y la metalúrgica", comentó.
Subrayó que, en el País, este Mecanismo ha sido benéfico para trabajadores de ciertas industrias, porque se han pagado casi 10 millones de dólares en salarios caídos e impactado a cerca de 30 mil trabajadores, porque se han logrado condiciones sindicales más libres.
En un foro que se llevó a cabo el pasado 9 de marzo, Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo, opinó que a través del Mecanismo Laboral se está presentando una injerencia directa de un Gobierno extranjero en asuntos sindicales en México.
"El Mecanismo no debe usarse para proselitismo sindical. Cada vez tenemos más casos en los que no existe denegación de derechos laborales alguna y más bien se está usando esto para promover sindicatos financiados, algunos fundados y financiados en dólares y ni siquiera tienen representación en las empresas", subrayó.
Tamariz añadió que es fundamental terminar con la asimetría del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida.
Graciela Bensusán, académica de la UAM Xochimilco, opinó que, en el marco de la revisión del T-MEC, México debe demostrar que puede solo en la resolución de problemas laborales.
"Hay el señalamiento de que quieren evitar injerencia del gobierno de Estados Unidos en la formación de sindicatos; eso es una demanda de México: acotar, delimitar la forma de intervención de EU y la mejor forma para México es llegar a la mesa (de revisión del T-MEC) con la agenda bien robusta de cómo quiere resolver sus problemas por sí mismo, tratando de mostrar que el Centro Federal de Conciliación tiene este recurso poderoso, operativo, oportuno para que los trabajadores puedan hacer las denuncias de injerencias patronales y no se necesiten a los agregados laborales de EU. Para eso tenemos que fortalecernos internamente y demostrar que podemos solos", afirmó Graciela Bensusán.