Bajo presión
Empeñados en la construcción del País de los Otros Datos, uno en que sus habitantes somos felices por decreto, al gobierno de la Cuarta Transformación no se le puede decir nada que se salga del guión. Son autoridades de mírame y no me toques, presumen vivir en una casa de cristal donde todo está a la vista de todos, pero nada puede ser interpretado de una manera distinta a la oficial. Como la crisis de desapariciones que sufre el país.
Durante estos días, el gobierno en pleno rechazó, una y otra vez, el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta los legisladores del oficialismo y, por supuesto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con tal estruendo que la declaración del Comité pareciera una declaración de guerra de la ONU, una acusación de que se están haciendo mal las cosas desde el gobierno federal; cuando no es eso.
¿Hay una crisis de desapariciones en México? Sí, nadie la puede negar, ni siquiera la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que redujo a 43,128 registros completos. Ese informe no dejó satisfecho a nadie, porque evade proponer soluciones y sólo se dedica a la numeralia, un documento se concentra en el recuento, no en las políticas públicas necesarias para atender a las víctimas.
Es evidente que el gobierno ha perdido contacto con la realidad, con el territorio, únicamente se vincula con la gente a partir de la dádiva y las encuestas que lo favorecen; por eso no reconoce a quienes sufren, es incapaz ante el dolor ajeno porque desvirtúa el país feliz en el que dicen estamos.
El Estado tiene la obligación de combatir las desapariciones, eso es lo que señaló el documento presentado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, el cual ya fue rechazado desde la esfera del poder de manera unánime, desechado por tendencioso e imparcial, cuando lo único que hace es señalar la condición de víctima de miles de familiar que buscan a sus familiares.
El informe del comité no es una declaración de Guerra, no es un señalamiento, no es una instrucción a seguir. No no se parece en nada a lo que la cuarta transformación en voz de la presidencia principalmente ha querido establecer es algo tan simple como un procedimiento administrativo para que la asamblea general de la ONU considere ayudar al Estado mexicano a encontrar una solución a la crisis de desapariciones.
El informe es un procedimiento de carácter preventivo que busca movilizar la atención y el apoyo internacional, no para establecer responsabilidad penal. En él se indica que el Comité “no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones forzadas”. Hace una distinción clara entre lo que comúnmente se conoce como desaparición forzada y las caracteriza como crímenes de lesa humanidad que también pueden ser cometidas por una “organización”, subraya que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado.
El punto que le duele al oficialismo es que el Comité indica que en algunos casos denunciados se ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia; y que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no aclara cuántas de las desapariciones corresponden a la categoría de forzadas
También indica, con información recopilada con testimonios de las víctimas que en México a esta crisis de desapariciones hay que sumar la existencia de fosas, más de 4,500, en las que se han encontrado más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos.
La Cuarta Transformación no entiende que una cosa es ser culpable y otra ser responsable, por eso se ha dedicado a descalificar el informe, por todos los medios, con verdades a medias, con acusaciones de complot, porque cualquier dato que contradiga la felicidad de los mexicanos debe ser considerado como una señal de traición a los ideales del movimiento.
México colabora con los organismos internacionales, sí, siempre y cuando se les aplauda. Cuando no, se les descalifica, se les reduce a enemigos, se les acusa de intervenir donde no les corresponde. No es defensa de la soberanía, es miedo a la evidencia.
El gobierno federal cree que todo lo que hace está bien hecho, parte de la premisa de que todos se equivocan menos ellos. En ese espejo no caben las madres buscadoras, ni los colectivos, ni los testimonios que contradicen el relato oficial. Por eso el informe incomoda: no porque mienta, sino porque nombra.
Negar la crisis no la desaparece. Descalificar a quien la documenta no alivia a las víctimas. Convertir la crítica en traición sólo exhibe la fragilidad de un gobierno que prefiere controlar la narrativa antes que enfrentar la realidad. Que prefiere mentir antes que reconocer el dolor del otro.
Mientras el poder exige que lo miremos sin tocarlo, hay miles de familias que no tienen a quién mirar, ni a quién abrazar.
Coda. En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que “utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación, es el odio llevado al máximo extremo”, un retrato fiel de los modos de la Cuarta Transformación.
@aldan