El activista Adrián LeBarón denunció la irrupción de un grupo armado en la vivienda de su sobrino en la comunidad de Alamillo, Chihuahua, en un hecho que, dijo, forma parte de una cadena de amenazas contra su familia en la sierra.
"Son días santos, pero algunos demonios andan sueltos. En Alamillo, Chihuahua, dos camionetas de sicarios se metieron a la casa de un sobrino intentando hacer cumplir las amenazas que desde hace semanas han lanzado a mi familia. Ya dimos cuenta a las autoridades", publicó en su cuenta de X.
De acuerdo con su relato, el grupo armado estaba integrado por más de una decena de hombres.
"Más de 12 criminales entraron para amenazar y seguir sembrando el miedo, quieren manipular a la comunidad y a una región entera a través del terror", señaló.
El activista afirmó que, pese a la irrupción, su familiar no resultó herido.
"Gracias a Dios está bien mi sobrino y su familia, pero muchas familias de la sierra no, porque viven desplazados, amenazados, extorsionados y sometidos al dolor de la muerte", advirtió.
LeBarón sostuvo que la violencia en la región busca someter a las comunidades.
"No se puede vivir así, quieren doblegar a un pueblo que se resiste a verse de rodillas a los intereses de unos cuantos criminales", escribió.
En su mensaje, también alertó por una escalada en las intimidaciones.
"Siguen aumentando las amenazas, solo por querer hacer bien las cosas. No vamos a perder nuestro derecho de vivir con libertad, en paz y dando el lugar que merece la justicia entre las mujeres y hombres de buena voluntad".
La denuncia del activista se registra días después de que integrantes de la familia LeBarón reportaran amenazas directas en la región de Gómez Farías y Madera, en Chihuahua.
El caso también se enmarca en un contexto de violencia histórica contra la familia.
El 4 de noviembre de 2019, nueve integrantes -tres mujeres y seis menores- fueron asesinados en una emboscada en los límites de Sonora y Chihuahua, un ataque que detonó exigencias nacionales e internacionales de justicia.
Desde entonces, la familia ha mantenido una postura activa contra la violencia y ha denunciado desplazamiento forzado, control territorial de grupos criminales y omisiones de autoridades en la zona serrana.
Tras dicha queja, elementos de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo que incluyó patrullajes terrestres y vigilancia aérea.
