Intersecciones en Clave de Género
La semana del 7 al 14 de marzo de 2026, al menos 20 adolescentes de entre 14 y 16 años desaparecieron en el municipio de Benito Juárez, Cancún. La activista Perla Xóchitl López Caporal, del colectivo Madres en Resistencia contra un Estado Fallido, lo dijo sin rodeos: “Esta semana ya perdimos a 20, hasta ahora de esas 20 no hemos encontrado a ninguna.” La institucionalidad respondió con su aritmética propia: la Secretaría Municipal reconoció 16 adolescentes reportadas como no localizadas en ese mismo periodo, posteriormente halladas. Como si “halladas” borrara las horas en que estuvieron en manos de quién sabe quién.
Lo ocurrido no es una anomalía. Es la norma con nombre y apellido. En México desaparecen en promedio 40 personas al día, y 8 de cada 10 son mujeres. Quintana Roo no solo participa en esa estadística: la encabeza. El estado cerró 2025 con más de 1,500 desapariciones acumuladas, la cifra más alta registrada en la entidad. Cancún concentra la mayor parte: el municipio Benito Juárez pasó de 494 a 680 personas desaparecidas en un solo año.
Detrás de las cifras se perfila un mercado. Según REDIM, Quintana Roo encabezó en 2025 el listado nacional de víctimas de trata de personas de entre 0 y 17 años, con 70 casos reconocidos.
Y el contexto se agravará: UNICEF advirtió que delitos como la trata y la explotación sexual infantil pueden aumentar hasta 38% durante grandes eventos deportivos internacionales, razón por la que implementó una estrategia preventiva en Quintana Roo de cara al Mundial de Futbol 2026. No es un riesgo hipotético: la organización It’s a Penalty lleva años documentando este fenómeno en Super Bowls, Juegos Olímpicos y torneos globales, y advierte que la FIFA aún carece de una política integral de protección de infancias y adolescencias en sus sedes. Cancún no es ciudad sede, pero sí la puerta de entrada al Caribe mexicano. Y las niñas ya están desapareciendo antes de que empiece el partido.
La magnitud del problema llegó este 2 de abril al máximo foro internacional. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada solicitó al Secretario General António Guterres que remita urgentemente la situación de México a la Asamblea General, concluyendo que existen indicios fundados de que las desapariciones en el país podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad. El Comité citó el hallazgo de 4,500 fosas clandestinas y 72,000 restos humanos no identificados como evidencia de la magnitud de la crisis. La -indignante- respuesta del gobierno mexicano fue inmediata: las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores rechazaron el informe calificándolo de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, argumentando que omite los avances institucionales implementados desde 2018. Mientras el Estado administra su imagen ante la comunidad internacional, organizaciones civiles como MUJERES JEFAS DE FAMILIA A.C., CEPAD, DATA CÍVICA y FUNDAR respondieron recordando que la impunidad en casos de desaparición supera el 98%, y que más de 83,000 cuerpos y restos permanecen sin identificar en instituciones forenses del país.
Las familias buscan solas: “Tratamos de organizarnos solas porque ya no podemos esperar nada de ellos”, declaró la activista López Caporal. Esa frase es, a la vez, el diagnóstico y la condena. Mientras el gobierno mexicano disputa (estúpidamente) con la ONU la semántica de las desapariciones, en Cancún yyen todo el país las niñas siguen siendo el precio que paga el turismo por su propia impunidad.
Gwendolyne Negrete Sánchez es Fundadora y Presidenta Nacional de Mujeres Jefas de Familia A.C. y Presidenta en México del G100 – Empoderamiento Financiero y Políticas Inclusivas.
