La investigación de desapariciones en México se ejecuta sin planes estratégicos ni metodologías científicas, lo que obliga a los familiares de las víctimas a asumir las tareas de búsqueda, denunció el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
Al solicitar que la crisis de desaparición forzada en México sea revisada por la Asamblea General de la ONU, el organismo subrayó que las respuestas del Estado no demuestran la adopción de medidas efectivas, sino una tendencia a la simulación administrativa.
"En la mayoría de los casos, la búsqueda parece ser realizada principalmente por los familiares de los desaparecidos. Cuando las autoridades competentes intervienen, suelen hacerlo casi exclusivamente a través de solicitudes documentales y peticiones rutinarias de cooperación entre instituciones federales y estatales, en ausencia de un plan o estrategia de búsqueda e investigación preestablecido", alertó el CED en su decisión adoptada el 19 de marzo y difundida este jueves.
Esta ausencia de estrategia, agregó el Comité, se traduce en deficiencias técnicas graves, como retrasos sistemáticos en la inspección de los lugares donde ocurrió la desaparición o donde se presume la localización de las personas.
El CED documentó también que la falta de planeación impide el análisis oportuno de muestras genéticas y la recopilación de datos de telefonía móvil, elementos que pierden utilidad forense ante la parálisis de las fiscalías.
No obstante, según el organismo, la falta de una estrategia de búsqueda no es sólo una omisión técnica, sino un fallo estructural que se refleja en la reclasificación de delitos y en estándares probatorios que las fiscalías no logran solventar, facilitando la absolución de los responsables.
"La información disponible revela que, las autoridades a cargo de investigar los casos de desaparición optan con frecuencia por utilizar otro tipo penal, incluso cuando los familiares de la persona desaparecida han solicitado específicamente se persiga el delito como desaparición forzada", lamentó.
"De ello resulta una tipificación fragmentada de los hechos, principalmente por homicidio, privación ilegal de libertad, secuestro, portación de armas prohibidas o delincuencia organizada, lo que borra la desaparición forzada".
COMPLICIDADES
El organismo de la ONU alertó sobre el involucramiento de las propias instituciones en el ocultamiento de restos. Por ejemplo, detalló que entre 2017 y 2025, se documentó la participación directa de servicios forenses en fosas comunes estatales en Tetelcingo y Jojutla, Morelos.
"El Comité también observa que, en la gran mayoría de los casos denunciados, ha recibido denuncias fundadas de que los 'ataques' se han llevado a cabo siguiendo patrones en los que han participado directamente algunos servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, o contando con su autorización, apoyo o aquiescencia", señaló.
Este desaseo institucional, agregó, ha contribuido a que la cifra de restos humanos sin identificar escale a 72 mil al inicio de 2026.
Según datos de las fiscalías locales recabados por el CED, la crisis se concentra en tres estados que concentran el 37 por ciento de las fosas clandestinas del País. Se trata de Sonora con 972 fosas, Veracruz con 523 y Tamaulipas con 541.
Ante este escenario, la ONU planteó que la única salida viable es la cooperación técnica y financiera internacional, dado que el Estado mexicano ha sido incapaz de frenar la crisis con sus propios mecanismos de investigación.
"El Comité pone a consideración de la Asamblea General la necesidad de adoptar acciones orientadas a brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado", indicó.
