Clave 360°
Han pasado ya varios años desde que el obradorismo llegó al poder prometiendo una transformación de fondo de un país hundido en graves problemas por años de mal gobierno, y a estas alturas ya toca revisar resultados. La primera gran señal de ese estilo de gobierno apareció desde 2018 con la cancelación del aeropuerto de Texcoco: una decisión presentada como acto de autoridad moral, pero que terminó costándole al país más de 113 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación. Desde ahí quedó claro que la ruta no sería la de fortalecer instituciones y corregir con método, sino la de imponer voluntad política, aunque el costo técnico, financiero y jurídico fuera enorme.
Después vinieron los proyectos emblemáticos, vendidos como prueba de que ahora sí habría resultados distintos. Pero en 2026 el balance sigue siendo pobre. Por mencionar algunos, el INSABI, que iba a resolver el acceso a la salud para quienes no tenían seguridad social, terminó extinguido y sus funciones fueron transferidas al IMSS-Bienestar. El Tren Maya, por su parte, cerró 2025 con ingresos por apenas 541.8 millones de pesos frente a gastos de operación y otras pérdidas por 4,810.3 millones, manteniéndose sostenido por subsidios públicos. Es decir, después de tantos anuncios, inauguraciones, giras y propaganda, varias de las apuestas centrales del sexenio no se consolidaron como soluciones estructurales, sino como cargas permanentes para el erario o como proyectos rediseñados sobre la marcha.
Lo más grave, sin embargo, no fue solo el gasto. Fue la lógica de poder que se normalizó. Si una institución estorbaba, se desacreditaba; si un contrapeso incomodaba, se empujaba hasta doblarlo. Ese proceso culminó con el Poder Judicial. La reforma judicial aprobada en 2024 abrió la puerta a la elección popular de jueces, magistrados y ministros, en medio de advertencias sobre sus riesgos para el Estado de derecho. Y cuando llegó la hora de votar, la supuesta democratización exhibió su absurda viabilidad: una participación oficial estimada entre 12.57% y 13.32%, boletas y listas imposibles de procesar con seriedad para la gran mayoríade ciudadanos, y además la intervención de los infames “acordeones”, al grado de que el INE, ya severamente cuestionado en su autonomía, dictó medidas cautelares y reportó 29 quejas por esas guías de votación. Más que una mejora del sistema judicial, aquello pareció una operación política para debilitar su independencia y volverlo más manipulable.
A eso hay que sumar el espectáculo. Ahí está la rifa del avión presidencial: primero se intentó rifar simbólicamente algo que en realidad no se rifaba como tal, y al final el avión fue vendido a Tayikistán años después. Ahí está también la promesa de llevar a los expresidentes a la cárcel, que terminó convertida en consulta popular con apenas 7.11% de participación. Después de tanta faramalla, ningún expresidente terminó en prisión por esa bandera que tanto se agitó en el discurso. Y la promesa mayor, quizá la más repetida de todas: acabar con la corrupción. El problema es que esa bandera quedó golpeada por los videos del hermano del expresidente recibiendo dinero en efectivo, por la polémica de la casa en Texas habitada por su hijo y por reportes sobre otros familiares, amigos y allegados beneficiados con contratos; episodios que el propio López Obrador negó o minimizó, pero que lastimaron el discurso de superioridad moral con el que se quiso gobernar.
¿Qué se habría podido hacer con el dinero perdido y con el que se sigue perdiendo por los berrinches del emperador? ¿Cuántos hospitales mejor equipados, cuántas escuelas rehabilitadas, cuántas carreteras reparadas, cuántos apoyos efectivos en seguridad, transporte, agua o medicamentos? Ese dinero no salió de un país rico y sobrado; salió de un país con carencias urgentes. Y lo más inquietante es que la nueva presidenta no ha mostrado voluntad para corregir de fondo ni para dar marcha atrás donde claramente era necesario. Ha preferido seguir cargando con las necedades heredadas de AMLO, como si fuera más importante cuidar el legado político del caudillo que atender las necesidades reales del país. Y ni siquiera hace falta entrar aquí en otros emblemas del fracaso, la opacidad o la simulación del régimen para entender la magnitud del problema.
Y mientras todo eso ocurría, México siguió cargando con los mismos males de siempre. En diciembre de 2025, 63.8% de la población adulta urbana dijo sentirse insegura en su ciudad. Esa cifra por sí sola deja ver el fracaso de fondo: se gastó mucho, se polarizó más a la sociedad, se concentró poder, se montaron espectáculos y se demolieron equilibrios, pero el ciudadano siguió viviendo con miedo, servicios públicos deficientes, desconfianza institucional, división social y una justicia cada vez más politizada. Ese es el verdadero saldo. No el de la propaganda, no el de la mañanera, no el del aplauso incondicional. El saldo real es el de un gobierno que quiso gobernar como si la voluntad del líder bastara para reemplazar la técnica, la ley y las instituciones, y que terminó dejando un país igual o más atorado y con menos contrapesos para defenderse.
Y entonces conviene recordar, con toda la ironía que permite la realidad, aquella frase de López Obrador en 2019: “Gobernar no tiene tanta ciencia”. Viendo los destrozos, los caprichos convertidos en política pública, las promesas incumplidas y los problemas que siguen intactos después de años de régimen morenista, quizá el verdadero desastre empezó cuando de verdad se creyó eso.
