La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que las sanciones aprobadas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el caso de Vulcan Materials tengan impacto en México, al sostener que no hubo expropiación de los activos de la empresa.
Esta mañana, en Palacio Nacional, la Mandataria federal respondió así a la legislación que busca impedir el ingreso a puertos estadounidenses de embarcaciones que hayan pasado por instalaciones consideradas "confiscadas", en referencia al conflicto por la mina y terminal marítima en Quintana Roo.
"No tendría ningún impacto, porque no hubo una expropiación. Esta ley que posiblemente se apruebe o que fue presentada en el Senado de los Estados Unidos o en la Cámara de representantes no tiene impacto porque no hubo una expropiación, ahí claramente se dice en caso de expropiaciones.
"En el caso de la empresa Vulcan de la mina Calica no hay expropiación, lo que hubo fue un decreto de área natural protegida, pero no hay expropiación; entonces no tiene impactos, eso por un lado", comentó Sheinbaum en conferencia mañanera.
Sobre la operación del puerto concesionado a la empresa, Sheinbaum señaló que actualmente no está en uso, pese a que forma parte central del conflicto con la compañía estadounidense.
"Por lo pronto el puerto como está concesionado a ellos, no se está utilizando", expresó.
La terminal marítima de Punta Venado, ubicada en el Municipio de Solidaridad, fue utilizada por la empresa para exportar material pétreo hacia Estados Unidos y quedó incluida dentro del polígono decretado como Área Natural Protegida, lo que frenó sus operaciones.
Sheinbaum reiteró que la decisión del Gobierno federal fue declarar un Área Natural Protegida en la zona donde operaba la empresa, lo que implicó la restricción de actividades extractivas, pero no la confiscación de bienes.
La empresa estadounidense sostiene que la decisión afectó sus derechos de explotación y mantiene un arbitraje internacional contra el Estado mexicano.
Esta mañana, Sheinbaum confirmó que el Gobierno mantiene conversaciones con la compañía para intentar resolver el conflicto.
"Hay una controversia hay un arbitraje que puso la empresa en torno a esta declaratoria de área natural protegida en proceso hemos tenido pláticas con la empresa Vulcan particularmente la secretaria de medio ambiente el secretario de economía la gobernadora de Quintana Roo para ver si puede llegarse a un acuerdo", señaló.
Explicó que la explotación minera ya no es viable dentro del área protegida, pero se analizan alternativas para evitar que el litigio escale.
"Ya no se puede explotar en el área natural protegida hay algunas minas que están en otros lados que Semar tendría que analizar, si es factible su explotación o alguna otra, o algún otro mecanismo en que se evite la controversia y se pueda llegar a un acuerdo", agregó.
La Mandataria federal argumentó que la declaratoria respondió a daños ambientales en la zona, derivados de la explotación de materiales pétreos.
"Se declaró área natural protegida desde la perspectiva de medio ambiente una sobreexplotación por encima del impacto ambiental que se otorgó para la explotación de esta mina. Entonces, por eso se decreta el área natural protegida porque es una zona de selva que había que proteger", indicó.
Sin embargo, evitó detallar el estado de las negociaciones.
"Son pláticas que se están llevando a cabo. No quisiera hacer público exactamente en qué estado están las pláticas, pero sí hay pláticas, y buscamos que podamos concretar un acuerdo -repito- que sea benéfico para Quintana Roo, para el medio ambiente, para México, para el País, y pues también que ellos vean que es factible para ellos", añadió.