Desaparecidos

Después de varios “ya merito”, al menos diez, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Las cifras, como siempre, parecen ordenadas. La realidad, no. 394 mil 645 registros de personas desaparecidas desde 1952 hasta marzo de 2026. De ese total, 262 mil 111 han sido localizadas y, de ellas, el 92% con vida. Bajo esa lógica, el gobierno reduce la crisis a 43 mil 128 personas desaparecidas.

El dato es engañoso.

El propio Registro reporta 130 mil 178 casos. De ellos, 46 mil 742 (36%) tienen información insuficiente: no hay datos para identificar a la persona ni para activar una búsqueda efectiva. Otros 40 mil 308 (31%) fueron descartados a partir de supuestas “actividades” administrativas posteriores, como si aparecer en un trámite sustituyera la obligación de buscarlos.

No es depuración. Es simulación.

La crisis de desapariciones no es un problema de contabilidad. No se resuelve afinando bases de datos ni reclasificando expedientes. Es una responsabilidad del Estado: prevenir, investigar, buscar y acompañar a las víctimas.

Reducir la cifra a 43 mil 128 no dimensiona el problema: lo encubre.

Porque detrás de cada registro hay una ausencia concreta, una familia que busca, una historia interrumpida. Esas no se corrigen con cruces administrativos.

La trampa es evidente: mientras se discuten números, se evade lo esencial.

Del total de casos, sólo 3 mil 869 están vinculados a una carpeta de investigación. Es decir, la enorme mayoría de las desapariciones ni siquiera ha detonado una indagatoria penal.

Eso no significa que no haya delito. Significa que el Estado no está investigando.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha documentado niveles de impunidad superiores al 99.9% en estos casos. No es un vacío estadístico: es una política de hechos consumados. Frente a una desaparición, la ley obliga a investigar de inmediato. Pero en la práctica, las familias se enfrentan a fiscalías saturadas, omisas o, en muchos casos, infiltradas por el crimen.

Por eso buscan solas.

Por eso excavan.

Por eso encuentran.

Por eso también son atacadas.

Organizaciones como Article 19 han documentado 43 agresiones contra personas buscadoras desde 2010: 35 asesinatos y 8 desapariciones. El dato más brutal no es la cifra acumulada, sino la tendencia: 2025 fue el año más peligroso para quienes buscan a sus desaparecidos.

El Estado no sólo ha fallado en encontrarlos. Ha fallado en proteger a quienes los buscan. En este contexto, hablar de “depuración” del registro sin fortalecer las capacidades de búsqueda e investigación no es una solución: es un ajuste estadístico funcional al discurso político.

Se ordenan los números para desordenar la realidad. Se limpian las cifras para ensuciar menos la narrativa. Pero la crisis sigue ahí. En las fosas clandestinas. En los expedientes abiertos a medias. En los registros incompletos. En las madres que buscan con picos y palas lo que el Estado no quiso buscar Porque el problema nunca ha sido cuántos son. El problema es que siguen desapareciendo… y nadie responde.

Coda. En México, los desaparecidos no se borran: se reclasifican.

@aldan