Castigar no es justicia

Así como se confunde venganza con justicia, hacemos lo mismo con investigación y sentencia. No se resuelven los temas de fondo, se desvía la atención hacia la magnitud del castigo antes que la reparación del daño y la impartición de justicia. Se presentan chivos expiatorios para presumir que cualquier avance que termine con cárcel es ya la conclusión del caso.

La Estafa Ponzi que involucra a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Fiscalía Estatal y el ISSSSPEA se reduce a un caso de corrupción universitaria, con dos funcionarios ya presos. En el caso de Next Energy, hasta el momento ya son tres exfuncionarios de Banca Afirme vinculados a proceso por el delito de peculado y la promesa de que se devolverá el dinero; carpetazo porque lo que importa es la percepción.

El fracaso de Next Energy en Aguascalientes no es tan difícil de explicar, la línea de tiempo arranca con Teresa Jiménez quien, desde el municipio, invierte en la compra de electricidad generada por una empresa privada; la oposición del gobierno federal a este tipo de inversiones porque vulnera la soberanía nacional, según Andrés Manuel López Obrador y la denuncia por presunta corrupción ante la Fiscalía General de la República; el incumplimiento de la empresa en la otorgación del servicio; el juicio mercantil interpuesto por el Ayuntamiento, encabezado por Leonardo Montañez, para evitar el pago por un servicio no otorgado y, después, la denuncia de fraude.

Esa línea la ensucia la politiquería. En Aguascalientes, la oposición ha utilizado el tema para acusar a la gobernadora Teresa Jiménez de corrupción, todo aspirante morenita blande y perora con enjundia sobre los negocios que se hacen desde los gobiernos panistas; sin importar si tienen razón o no, se exige la cabeza de los verdaderos responsables, de los privilegiados que se roban nuestro dinero.

En marzo, un juez ordena a la empresa Next Energy restituir montos millonarios (más de 600 millones de pesos) al municipio de Aguascalientes; quedan pendientes las investigaciones penales, que son las que involucran a los operadores de Banco Afirme y en eso se concentra la información, en las acusaciones de presunto peculado y la encarcelación de figuras técnicas. En eso se concentra el ruido, porque a unos les conviene y con eso se alimenta a la opinión pública, acostumbrada a exigir culpables antes que resoluciones definitivas que permitan asignar responsabilidades y penas.

La orden del pago al municipio le conviene al grupo político de la gobernadora y, al menos en apariencia, le resta argumentos a la oposición. Los acusadores de Morena, siempre omitiendo la responsabilidad del gobierno federal y el veto presidencial que evitó las entregas de electricidad, concentran sus acusaciones en el manejo del dinero. en el robo y los privilegiados.

Así como en la Estafa Ponzi la detención de funcionarios de segundo nivel aparenta impartición de justicia,  en el caso Next Energy la orden del juez simula la restitución del daño al erario y, en la escena política, termina traduciéndose como un impulso a las aspiraciones del alcalde Leonardo Montañez al presentarlo como quien ganó la demanda y a quien le devolverán el dinero; se elimina esa mancha en las aspiraciones del presidente municipal, a lo que se suma el yerro comunicacional del equipo del senador Antonio Martín del Campo al sembrar la posibilidad de irse a otro partido si el PAN no le da la candidatura.

¿La oposición? Bien, gracias, paga las consecuencias de un discurso reduccionista, como el del descafeinado Plan B de la reforma electoral, en donde nunca se presentan cambios de fondo, sólo se discute la idea polarizadora de hacer pagar a los rateros, a los corruptos, a los adversarios. Gritan y gritan que es tiempo de que rueden cabezas y la autoridad les entrega chivos expiatorios.

Castigar no es lo mismo que esclarecer. Encarcelar no equivale a hacer justicia. Mientras la conversación pública se conforme con ver a alguien tras las rejas, el sistema seguirá alimentando la simulación: investigaciones incompletas, responsabilidades fragmentadas y expedientes que nunca llegan a tocar a quienes diseñaron, autorizaron o se beneficiaron realmente de los mecanismos de desvío. Se castiga al operador, se protege al arquitecto.

En el caso de Next Energy, como en la Estafa Ponzi de la UAA, sólo se administra el escándalo, se dosifica la información, se ofrecen detenciones estratégicas y se construye la narrativa de que el problema está resuelto. Pero no lo está. Falta responder quién tomó las decisiones, bajo qué condiciones, con qué advertencias y, sobre todo, quién ganó con ellas. Falta saber si hubo omisión, negligencia o complicidad desde los niveles más altos.

La justicia no debería medirse por la rapidez con la que se consiguen culpables, sino por la profundidad con la que se entiende el delito. A ese vacío de fondo se suma la disputa por la candidatura a la gubernatura, que no esclarece, enturbia. Cada posicionamiento, cada filtración y cada acusación pública responde menos a la necesidad de explicar lo ocurrido que a la urgencia de fijar ventajas en la contienda interna. El caso deja de ser un asunto de justicia para convertirse en insumo de campaña.

Las aspiraciones de quienes buscan suceder en el poder convierten el proceso judicial en arena política: unos presumen resultados parciales como logros propios; otros magnifican responsabilidades para desgastar adversarios. En ambos casos, el expediente se distorsiona. La verdad se vuelve secundaria frente a la utilidad electoral, y la justicia queda atrapada entre cálculos, silencios y oportunismos.

Coda.  Reducir todo a la cárcel es una forma de renunciar a la verdad.

@aldan