Desde el Lunar Azul
Buen viernes, estimados lectores de este rincón azul. Aunque ya quisiéramos pasar página, el sainete de las luminarias fallidas en el municipio de Aguascalientes, insiste en quedarse en cartelera. Y no por gusto, la trama sigue arrojando capítulos que exhiben lo que muchos prefieren no ver.
Luego vienen los políticos y algunos empresarios que orbitan el presupuesto, a reclamarle a los comentocratas y periodistas que “no decimos la verdad”. ¿Cuál verdad? ¿La que los exonera y culpa al adversario en turno? ¿O la que implicaría investigar en un sistema de gobierno (municipal, estatal y federal) cuya opacidad compite con cualquier calle con alumbrado de MDM? La exigencia de “verdad” suele ser selectiva; quieren narrativa, no rendición de cuentas.
Vayamos al punto. La intención de la presidenta Claudia Sheinbaum de revisar la integración y el gasto de cabildos y congresos locales abre una discusión incómoda ¿cuánto cuestan y qué producen estos órganos? Los congresos estatales en México representan miles de millones de pesos anuales en gasto operativo, con niveles de productividad legislativa y control político, siendo generosos, desiguales. En varios estados, el costo por diputado supera ampliamente el promedio de países de la OCDE, sin que eso se traduzca en mejores resultados normativos o de fiscalización.
Hace unos días, la organización “Las Libres” acompañó a una funcionaria bancaria que, con su bebé en brazos, evidenció la mezquindad con la que se mueve el poder cuando hay dinero de por medio. El caso se conecta con el entramado del fraude asociado a Next Energy, un esquema que en distintas entidades comprometió recursos públicos mediante contratos y fideicomisos altamente cuestionables.
Aquí no hay inocentes puros. Parte de la iniciativa privada juega a dos bandas, celebra al gobierno cuando hay contratos y denuncia corrupción cuando cambia el viento. Pero esos negocios “leoninos” no se firman solos; requieren la concurrencia de funcionarios, legisladores y operadores financieros y políticos. El caso Next Energy, documentado por medios nacionales, involucró compromisos de miles de millones de pesos y cláusulas que amarraban finanzas públicas por años.
En Aguascalientes, la senadora Nora Ruvalcaba ha sido persistente en señalar el esquema; la diputada Anayeli Muñoz lo ha hecho con mayor cautela. Pero más allá de nombres, el patrón es el mismo, cabildos y congresos que aprueban, modifican y blindan contratos sin un escrutinio proporcional al impacto que tendrán en el bolsillo ciudadano.
Y mientras tanto, la realidad, calles deterioradas, servicios deficientes y cargas fiscales que crecen. El predial con incrementos de hasta tres dígitos en algunos casos, para cubrir decisiones que nadie quiere firmar hoy. Los regidores y diputados que levantaron la mano en su momento no están dando explicaciones; algunos, dicen, disfrutan de playas y chalets financiados por las “externalidades” del sistema, por aprobar deudas eternas disfrazadas de APP.
El contraste es obsceno, mientras el dueño de Banca Afirme celebra nupcias y luna de miel, una funcionaria de menor rango enfrenta la privación de la libertad. Chivos expiatorios para un engranaje que, como siempre, protege a los tiburones y sacrifica a los charales. No es nuevo, pero no por eso deja de indignar.
Y que no se equivoque el círculo del poder local, la crítica no es enemistad, es obligación. En un entorno donde la prensa local sobrevive con presupuestos públicos condicionados, investigar a fondo tiene costos reales. No es miedo; es la constatación de que en este rancho la independencia se castiga.
Mal por los abusos. Confiemos en que la justicia (la terrenal y la otra) alcance a todos. La rueda del poder es lenta, pero no se detiene. Pregúntenle a Karina.
PD. Ojalá esta vez se llegue a los tiburones, a quienes diseñaron la estafa y a quienes la votaron y aprobaron. Que no termine, otra vez, en los mismos charales de siempre.
Aquí dejo esta roca.
Empújela usted.
Yo vuelvo. Como siempre.
