La oposición de investigadores del INAH y de otras instituciones como la UNAM por la reconstrucción de monumentos en los denominados Parques de la Memoria de Quintana Roo y Campeche escalará legalmente al ámbito internacional, anunció el historiador Felipe Echenique, durante la mesa de análisis "¿Construimos pirámides?", inscrita en el ciclo Grandes problemas de la cultura y el patrimonio cultural.
"La destrucción de monumentos arqueológicos es un delito federal, y quien haya destruido tiene que pagar, inclusive con cárcel", advirtió Echenique y anticipó su intención de promover denuncias internacionales, tras diversas demandas que académicos del INAH han promovido desde 2021 por la destrucción de monumentos en la ruta del Tren Maya.
A su vez, la arqueóloga Noemí Castillo anunció que el capítulo mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) respalda la postura de quienes han criticado el desmontaje --"deconstrucción", le denomina oficialmente el INAH-- de basamentos arqueológicos por la obra ferroviaria en el sureste de México.
La conferencia "¿Construimos pirámides? Los parques de la memoria de Quintana Roo y Campeche", efectuada en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, expuso el incumplimiento de la ley como resultado de prácticas desprovistas de ética.
"El INAH ha perdido la brújula ética en el manejo del patrimonio arqueológico, muy particularmente en la construcción de sus Parques de la Memoria", señaló al respecto la antropóloga y arqueóloga Sara Ladrón de Guevara, integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM y exrectora de la Universidad Veracruzana (UV).
"Los gobernantes ejecutan proyectos, pero instituciones como el INAH fueron creadas para que en la ejecución de dichos proyectos no se afecten los intereses de los ciudadanos, en este caso, la devastación de patrimonios que son de todos, de todas las y los mexicanos y qué ocurrió de hecho, debido al INAH".
"Lo que aquí se debate", añadió, "es si está permitido abandonar restos de rellenos arquitectónicos desprovistos de una capa que les sostenía y que al haberse retirado, sin consolidarlos de alguna forma, significará la erosión de restos prehispánicos erigidos".
Consideró que la legitimación de este "mal manejo", solo porque tuvo autorización del INAH, como argumentó recientemente el exdirector de Instituto, Diego Prieto, "no es un argumento de buena práctica, sino de autoritarismo vertical. El Estado soy yo, diría Luis XIV, en el apogeo monárquico de Francia. Pues eso nos dijo el exdirector del INAH: que una destrucción de patrimonio arqueológico es válida si se cuenta con autorización expresa del Instituto".
Por su parte, el arqueólogo, historiador y restaurador Daniel Juárez, curador de la colección Maya del Museo Nacional de Antropología, cuestionó la separación de las estructuras reunidas en el Parque Balam Tun
"¿Cómo podemos comprender un conjunto urbano no solamente fuera de su paisaje cultural, sino además despojado de su contexto arqueológico? Lo que en realidad vamos a observar son piedras de fachada colocadas milimétricamente, adheridas, eso sí, con cal a muros de contención", cuestionó.
"Es imperativo", instó después, "recordar que los basamentos, su articulación en conjuntos arquitectónicos y su integración al paisaje, son la circunstancia de su significado, el sentido de su historia, esa historia por la cual se pretende que caminemos para reconectar con nuestras raíces y transformar el presente con justicia social e identidad".
La mesa también reunió al antropólogo y arqueólogo Carlos Navarrete, al historiador Cuauhtémoc Velasco y al antropólogo Bolfy Cottom, quien coordinó la mesa.
