La Suprema Corte de Justicia estableció que los plenos de los tribunales superiores de justicia de los estados, por regla general, tienen que sesionar en público, y solo excepcionalmente pueden hacerlo en privado.
Por unanimidad, la Corte invalidó ayer una reforma de 2025 a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Durango, que estableció:
"Las sesiones tendrán carácter de ordinarias o extraordinarias, serán privadas y excepcionalmente podrán ser públicas y, en su caso, solemnes, según lo disponga la Constitución Local, esta ley o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante el acuerdo correspondiente".
"La publicidad de los actos de gobierno es una obligación del Estado y, por lo tanto, la actividad jurisdiccional debe hacerse de conocimiento público para que los gobernados conozcan la forma en que se desarrolla y como se resuelven los conflictos jurídicos", resolvió la Corte.
Con la invalidez aprobada, el artículo 12 de la ley de Durango quedará redactado, simplemente, en el sentido de que las sesiones serán públicas o privadas.
Algunos Ministros y Ministras recordaron que, en la reforma judicial de 2024, se anuló una porción del artículo 94 de la Constitución que permitía a la Corte llevar a cabo sesiones "secretas", es decir, ni siquiera oficialmente privadas, que en la práctica rara vez se llevaban a cabo.
Sin embargo, la regla anulada en Durango se refiere solo a sesiones del Pleno, es decir, de todos los Magistrados y Magistradas que integran el TSJ.
Este tipo de sesiones están previstas una vez por semana, básicamente para temas administrativos, pues usualmente los tribunales superiores sesionan en Salas de tres o de un solo integrante, que son las que resuelven los asuntos jurisdiccionales, es decir, las apelaciones contra sentencias de los jueces de primera instancia.
La Ley Orgánica del PJ de Durango ordena que las sesiones de las Salas son privadas, y solo las audiencias con las partes son públicas. La sentencia de la Corte no se refirió a este tipo de sesiones.
