Luego que un reporte de Naciones Unidas advirtió sobre daños ambientales generados por granjas porcícolas en la península de Yucatán, organizaciones de la sociedad civil urgieron al Gobierno de México a emitir una declaratoria de emergencia para frenar los perjuicios en las comunidades.
Agrupaciones como el Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, la Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán y la Fundación para el Debido Proceso advirtieron a las autoridades mexicanas sobre los daños provocados al ecosistema por esa actividad económica.
La visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, a la península de Yucatán respondió a la gravedad de la crisis socioambiental en la región, la cual ha sido denunciada de manera persistente por comunidades, organizaciones y otros colectivos, destacaron.
"Que un relator de Naciones Unidas haya centrado su atención en esta región confirma lo que los pueblos han denunciado durante años: la península de Yucatán se ha convertido en un foco crítico de degradación ambiental, despojo territorial y afectaciones a la salud, sostenido bajo una narrativa de desarrollo que ha ignorado sus costos sociales, ambientales y humanos.
"Esta situación quedó claramente evidenciada el 20 de marzo, durante la declaración de cierre del relator, quien advirtió sobre los daños ambientales y las violaciones a los derechos del pueblo maya, señaló con preocupación que actualmente existen más de 500 granjas porcícolas en las inmediaciones de tierras y territorios indígenas, la mayoría sin autorizaciones ambientales ni procesos de consulta previa", señalaron los denunciantes.
Las granjas tienen capacidad de hasta 50 mil cerdos y se han establecido en comunidades de aproximadamente mil 500 habitantes, generando impactos desproporcionados y sistemáticos.
El relator Orellana destacó que estas operaciones producen grandes cantidades de excretas y aguas residuales contaminadas con hormonas y antibióticos, cuya infiltración resulta particularmente grave debido al suelo kárstico y la alta interconexión de los mantos acuíferos en la región.
Grupo REFORMA publicó que, en septiembre del año pasado, una de las mayores granjas porcícolas de Yucatán fue clausurada de forma total y definitiva por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
El cierre de las instalaciones de la empresa Pecuaria Peninsular en Santa María Chi -una localidad del municipio de Mérida- obedeció a la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos, así como al incumplimiento reiterado de medidas correctivas.
De acuerdo con Wilberth Nahuat, comisario de la comunidad maya, la granja constaba de 72 naves y tenía un inventario aproximado de 60 mil cerdos.
En el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2023, se reportó deterioro de la calidad del agua en 12 cenotes por la actividad de las granjas.
