Ex trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) aseguraron que las jubilaciones que perciben no son un privilegio, sino un derecho laboral adquirido durante décadas de trabajo, el cual no debería ser vulnerado por el Congreso.
En una carta entregada a la Cámara de Diputados, los jubilados aseguraron que los montos que en cada caso fueron otorgados a los trabajadores retirados se asignaron conforme a las leyes, normas y condiciones generales de trabajo vigentes.
"Las pensiones de Bancomext no derivan de privilegios arbitrarios ni de arreglos discrecionales. Su origen se encuentra en un marco laboral y presupuestario formalmente reconocido por el propio Estado mexicano", señalaron.
Las Condiciones Generales de Trabajo que establecieron dicho esquema, argumentaron, fueron conocidas y autorizadas por las autoridades competentes, y el sistema pensionario fue objeto de revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación sin que se formularan observaciones respecto de su legalidad.
"Cualquier modificación que afecte pensiones previamente reconocidas podría incidir sobre situaciones jurídicas consolidadas y sobre expectativas legítimas construidas durante décadas de vida laboral, comprometiendo los principios de certeza y confianza legítima de quienes construyeron su proyecto de vida sobre la base de normas válidas y vigentes al momento de su jubilación", afirmaron.
El pasado 11 de marzo, el Senado aprobó una reforma constitucional que establece como tope máximo a las pensiones de la burocracia la mitad del salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, originalmente enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, deberá ser ahora analizada y, eventualmente, avalada por la Cámara de Diputados, antes de ser enviada a los congresos de los estados.
Sheinbaum anunció el 4 de marzo que, a partir de que entre en vigor la reforma, todas las pensiones que superan el límite establecido serán reducidas. La Mandataria dijo que el tope será de 70 mil pesos.
Los jubilados de Bancomext señalaron que los recursos con los cuales se cubren sus pensiones no son recursos públicos, sino que pertenecen a reservas constituidas por el propio banco para hacer frente a esas obligaciones contractuales.
"Debe recordarse, además, que Bancomext es una entidad de control presupuestario indirecto que opera con recursos propios derivados del ejercicio de su mandato institucional, sin requerir subsidios ni transferencias presupuestarias para el desarrollo de su operación", dijeron.
Sobre el monto máximo establecido, consideraron, resulta arbitrario debido a que no se basa en ningún estudio actuarial ni de viabilidad financiera, además de que en el texto que se propone reformar es impreciso, pues se señala la mitad de lo que gana el Ejecutivo sin especificar si se trata de los ingresos brutos o netos, o si es anual o el pago mensual.
"La sola existencia de estas dudas revela un problema de técnica constitucional. Un precepto de rango constitucional que pretende incidir en derechos pensionarios ya reconocidos no puede descansar en una fórmula susceptible de interpretaciones divergentes o de aplicaciones administrativas discrecionales", indicaron.
