Chivos

Ya hay detenidos en el caso de la estafa Ponzi en Aguascalientes. Enrique Jiménez de la Hoya, exjefe del Departamento de Análisis Financiero, y Claudia Eugenia Martínez Herrera, exjefa del Departamento de Presupuesto y Administración Financiera de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así resuelve la autoridad un episodio de “corrupción universitaria”. Pero la estafa no es eso, es un caso de corrupción estructural financiera. Reducirlo a un problema interno de la UAA funciona para quienes necesitan que la discusión pública se quede en la superficie.

La superficie es cómoda. Tiene nombres, rostros, cargos concretos. Permite señalar culpables inmediatos, exigir castigo y simular justicia. Se rinde al castigo pero oculta la red, la estructura de a estafa, la que se debería resolver con investigaciones largas, técnicamente complejas y políticamente costosas.

La estafa a la UAA, el ISSSSPEA y la Fiscalía, no hay que olvidarlo, no se diseñó en la oficina de finanzas de la UAA, sino en el sistema financiero: en casas de bolsa, en empresas fideicomisarias, en estructuras que ofrecían instrumentos de alto rendimiento sin respaldo real, fideicomisos vacíos y esquemas de riesgo extremo disfrazados de inversión segura. Ahí está el origen del fraude.

Una cosa es la responsabilidad administrativa o incluso penal de quien invierte mal recursos públicos; otra muy distinta es la responsabilidad criminal de quien diseña un esquema para defraudar. Mientras la Fiscalía actúa con rapidez en el primer caso, en el segundo avanza con lentitud, opacidad y sin exposición pública equivalente. No es un detalle técnico: es una decisión política.

Los funcionarios de la UAA son chivos expiatorios, lo que no implica que sean inocentes. La normativa es clara: los recursos públicos deben invertirse bajo criterios de seguridad, liquidez y bajo riesgo. Apostar por instrumentos opacos, con rendimientos inusualmente altos y sin respaldo verificable, viola estos principios. La responsabilidad técnica existe y debe sancionarse, pero no decidieron en el vacío, en la estructura universitaria, las decisiones de ese tamaño no son individuales. La UAA no es una oficina privada: tiene órganos colegiados, jerarquías y mecanismos de autorización. El Consejo Universitario es la máxima autoridad, y la Rectoría ejecuta, supervisa y valida.

Las primeras inversiones, alrededor de 200 millones de pesos, se realizaron sin conocimiento del Consejo Universitario durante la gestión de Javier Avelar. Posteriormente, ya con señales de riesgo evidentes, se autorizaron inversiones adicionales por cerca de 100 millones de pesos en la gestión de la rectora Yesenia Pinzón, con documentos firmados. No son omisiones menores, son decisiones de alto impacto tomadas fuera de los cauces institucionales o, peor aún, ignorando alertas previas.

Entonces, la pregunta no es si hay responsabilidad en los niveles operativos. La pregunta es por qué esa responsabilidad no escala con la misma velocidad hacia los niveles de decisión. Porque la narrativa a construir es que se castiga, ya están en la cárcel los responsables, lo que es una distracción, porque el problema no termina en la universidad. Incluso si todos los funcionarios universitarios involucrados fueran procesados, el núcleo del fraude seguiría intacto si no se actúa contra quienes diseñaron y operaron los instrumentos financieros fraudulentos.

¿Dónde están las órdenes de aprehensión contra las casas de bolsa? ¿Dónde están las acciones contra las empresas de papel? ¿Dónde está la presión institucional para recuperar los recursos? ¿Por qué se concentra la atención en la UAA y se omite información sobre la estafa al ISSSPEA y la Fiscalía?

La ausencia de acción visible contra las estructuras financieras produce un efecto perverso: instala la idea de que el daño es irreparable y desplaza el objetivo de la justicia. No se trata de recuperar 279 millones de pesos. Se trata de castigar a alguien, porque castigar a alguien es mucho más sencillo que desmantelar un sistema.

La responsabilidad regulatoria no se menciona, se omite, ¿cómo es posible que existan instrumentos financieros sin respaldo real, operando con aparente legalidad, sin supervisión? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda no son actores secundarios. Su omisión forma parte del problema estructural. Fijar la atención en su responsabilidad no genera titulares ni detenidos, no cumple con la sangre solicitada, la justicia punitiva, hay que encontrar alguien a quien castigar.

La Fiscalía no actúa en el vacío, responde a un entorno que exige resultados visibles, rápidos y punitivos. La cárcel como espectáculo.

El ciudadano indignado que pide “que rueden cabezas” no está necesariamente interesado en la complejidad del sistema financiero, ni en la trazabilidad del fraude, ni en la responsabilidad regulatoria. Quiere ver a alguien pagar, no le interesa más que la venganza, el ojo por ojo, lo que termina siendo funcional para una justicia selectiva.

Mientras la atención pública se concentra en los detenidos, el resto de la red se diluye. Cuando se celebra la prisión preventiva, se posterga la investigación de fondo. El castigo inmediato cancela la justicia completa.

El problema no es sólo la Fiscalía, el problema es que estamos dispuestos a aceptar una versión reducida de la justicia. Una justicia que castiga a los visibles mientras negocia con los invisibles, que encarcela a los operadores y deja intactas las estructuras. Convierte casos complejos en relatos simples para consumo público. Pedimos culpables, no explicaciones. Pedimos castigo, no restitución. Pedimos cárcel, aunque eso signifique no recuperar el dinero, no desmontar el sistema, no corregir las fallas. En esa lógica, los chivos expiatorios no son un accidente: son una necesidad, porque permiten cerrar el caso sin resolverlo.

Coda. En la estafa Ponzi, no están cayendo los responsables, están cayendo los necesarios. Los que la autoridad ofrece cuando prefiere castigo antes que verdad.

@aldan