Bajo presión
La búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida llevó a autoridades de Aguascalientes a descubrir una presunta red de prostitución en un bar. En el lugar habrían sido encontradas otras 11 adolescentes en circunstancias similares. Homero “N”, un hombre de 49 años, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con menores, mientras el establecimiento permanece asegurado.
El bar Tormenta del Oeste se ubica en la colonia Las Flores, en el corazón del perímetro de la Feria Nacional de San Marcos, el establecimiento tiene una larga tradición como centro de entretenimiento, no se encuentra en las orillas de la ciudad, no es un sitio clandestino, funcionaba a la vista de todo mundo.
Las autoridades aseguran que ya se ha desmantelado la red de trata de menores, al momento sólo se ha hecho pública la detención de Homero “N”. No es suficiente. El establecimiento se dedicaba desde hace más de 6 años a recluir con engaños a mujeres menores de 18 años. El entretenimiento que ofrecía Tormenta del Oeste no se ocultaba, lo que exhibe la incompetencia de la Dirección de Reglamentos o la complicidad.
El reclamo de diversas organizaciones de la sociedad civil es justo, es indispensable que en este caso se llegue a las últimas consecuencias y que rindan cuentas ante la justicia todos los involucrados, todos.
Además de que las autoridades están obligadas a realmente desmantelar la red de trata de menores, la rendición de cuentas se debe de extender al gobierno municipal. Desde ya se está pidiendo la destitución del director de Reglamentos, incluso hay quien pide la renuncia del presidente municipal, aunque no se puede dejar de notar que quienes piden la cabeza de Leonardo Montañez lo hacen para retirarlo de la carrera hacia la candidatura al gobierno estatal.
Es importante que un caso como este despierte en la sociedad el reclamo hacia las autoridades, el involucramiento de menores de edad en diversos hechos delictivos no es para menos, no es exagerado señalar que la indignación que provocó este caso es justa y que tiene que ser atendida de inmediato. Es un escándalo.
Lo que detrás de ese escándalo justificado se esconde es que al señalar únicamente a las autoridades se está evadiendo la parte de responsabilidad de los clientes que asistían al Tormenta del Oeste, también deslindar la responsabilidad de los trabajadores de ese bar, así como de quienes sabían de los servicios que se ofrecían en ese lugar.
Así como es inverosímil que los inspectores de Reglamentos no conocieran los servicios que se ofrecían en el Tormenta del Oeste, es difícil creer que los cientos de personas que asistían al bar a lo largo de seis años de funcionamiento no se dieran cuenta de la naturaleza de los servicios que ahí se ofrecían, que estaban involucradas menores de edad, que la calidad del entretenimiento era deleznable, por decir lo menos.
El entretenimiento que consumimos revela nuestra naturaleza. Si aceptamos que el entretenimiento no es inocuo, entonces tampoco lo es la mirada del espectador. No hay consumo neutral cuando lo que está en juego es la dignidad de otras personas, mucho menos cuando se trata de menores de edad. La idea de que “cada quien sabe a lo que va” se derrumba en el momento en que se confirma que había adolescentes reclutadas mediante engaños, retenidas y explotadas.
Durante años, el bar operó con normalidad. Hubo música, luces, consumo, rutinas repetidas. La costumbre es la coartada más eficaz: lo que se vuelve cotidiano deja de cuestionarse. En esa normalización, lo inadmisible se diluye hasta parecer parte del paisaje. Nadie pregunta demasiado cuando el espectáculo sigue funcionando.
Pero el problema no es sólo la omisión individual, sino la construcción colectiva de tolerancia. Un lugar como el Tormenta del Oeste no sobrevive seis años sin una red de silencios. Silencio administrativo, si hubo negligencia o complicidad; silencio social, si hubo indiferencia; silencio económico, si hubo quienes se beneficiaron directa o indirectamente de ese flujo constante de clientes.
La indignación pública, por legítima que sea, corre el riesgo de agotarse en la exigencia hacia el gobierno. Es necesario exigir justicia, castigo ejemplar, reparación del daño y garantías de no repetición. Pero si el análisis se queda ahí, el caso se convierte en una anécdota más del expediente de la corrupción o la ineficacia institucional.
Este caso obliga a mirar más allá de la autoridad: obliga a revisar las condiciones que hacen posible que un negocio de explotación funcione a plena luz, en una zona céntrica, durante años. Obliga a preguntarnos por la cultura que permite que ciertos espectáculos se legitimen bajo la etiqueta de “entretenimiento”, aunque impliquen violencia, cosificación o abuso.
Porque no se trata sólo de lo que hacen unos cuantos delincuentes, sino de lo que tolera una comunidad entera.
La discusión incómoda es esa: la línea entre el consumo y la complicidad. Quien paga por ver, por tocar, por acceder a cuerpos, no es un actor pasivo. Sostiene una estructura. La financia. La valida. La vuelve rentable. Es ahí donde el escándalo deja de ser ajeno.
Si de verdad se quiere “llegar a las últimas consecuencias”, como exigen las organizaciones civiles, habría que ampliar el alcance de esa frase. No sólo implica desmantelar una red y sancionar a sus operadores directos, sino desmontar las condiciones sociales que la hicieron viable.
Eso incluye, inevitablemente, una conversación incómoda sobre la responsabilidad individual y colectiva, mientras sigamos entendiendo el entretenimiento como un espacio exento de ética, mientras aceptemos cualquier espectáculo bajo la premisa de que “así es el ambiente”, mientras el consumo se coloque por encima de la dignidad, casos como este no serán la excepción: serán la consecuencia.
La pregunta deja de ser qué falló en las autoridades. La pregunta es qué estamos dispuestos a seguir tolerando.
Coda. No se puede fingir sorpresa. No fue a pesar de nosotros: lo permitimos.
@aldan
