Luego del rechazo en la Cámara de Diputados a su reforma electoral constitucional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enviará a la Cámara de Diputados este 17 de marzo una nueva iniciativa conocida como “Plan B”, con la que busca modificar el sistema político-electoral a través de cambios legales que no requieren mayoría calificada. La propuesta surge tras una fractura entre Morena y sus aliados, lo que impidió aprobar la reforma original. Ante este escenario, el nuevo planteamiento se enfoca en medidas de austeridad, reorganización institucional y fortalecimiento de la participación ciudadana.
¿Qué incluye el “Plan B”?
El nuevo paquete contempla los siguientes ejes: Reducción de gastos en congresos locales y cabildos, el punto central del Plan B es disminuir el costo del aparato político en los estados y municipios. Se plantea limitar presupuestos de congresos locales y ayuntamientos, bajo el argumento de eliminar excesos y privilegios.
Austeridad en el sistema político, la iniciativa busca recortar gastos operativos del sistema democrático en general, con la idea de que los recursos públicos se destinen a programas sociales y obra pública; fortalecimiento de la consulta popular, otro eje es ampliar los mecanismos de participación ciudadana, facilitando la realización de consultas populares sobre temas relevantes, incluso de carácter electoral.
Posible reconfiguración del calendario electoral, entre los planteamientos que se mantienen en discusión está, posponer la elección judicial prevista para 2027; ajustar tiempos de procesos políticos para hacerlos más eficientes; revocación de mandato anticipada; y también se ha planteado adelantar la consulta de revocación de mandato para empatarla con elecciones intermedias, aunque este punto aún no tiene consenso político.
A diferencia de la reforma original, que proponía cambios profundos como reducción de legisladores o financiamiento a partidos, el Plan B se concentra en ajustes legales y administrativos. Especialistas señalan que el objetivo es reducir costos del sistema político sin modificar la Constitución, lo que facilita su aprobación en el Congreso.
¿Cómo impactaría a San Luis Potosí?
De concretarse esta reforma, San Luis Potosí sería uno de los estados directamente afectados, principalmente en tres ámbitos: Presupuesto del Congreso del Estado, el Congreso potosino podría enfrentar recortes en su presupuesto, lo que implicaría un menor gasto operativo; posibles ajustes en salarios o prestaciones; y reducción de asesores o estructura administrativa. Esto podría generar tensiones, especialmente en un estado donde ya se ha debatido si el presupuesto legislativo es suficiente.
Ayuntamientos con menos recursos administrativos, los municipios de San Luis Potosí, especialmente los más pequeños, podrían resentir el impacto, ya que muchos dependen de recursos limitados para operar. Una reducción de gasto en cabildos podría traducirse en, menor capacidad operativa; dificultades para cubrir nómina; ajustes en servicios administrativos, este punto es particularmente sensible en zonas rurales del estado.
Mayor participación ciudadana, el impulso a consultas populares podría abrir la puerta a que en San Luis Potosí se realicen más ejercicios ciudadanos sobre temas locales, como: Obras públicas, proyectos urbanos, y decisiones de gobierno; sin embargo, esto también implicaría retos logísticos y presupuestales.
Cada diputado supera los 12 mdp anuales
El funcionamiento del Congreso del Estado representa un gasto millonario para las y los potosinos, en un contexto donde crece el debate nacional sobre la reducción del costo del aparato político. De acuerdo con información reciente, cada diputado local cuesta en promedio más de 12 millones de pesos al año, considerando sueldos, asesores, operación legislativa y estructura administrativa.
El Congreso del Estado está conformado por 27 legisladores, de los cuales 15 diputados son de mayoría relativa (electos por voto directo en distritos), y 12 diputados de representación proporcional (asignados por listas de partidos). Esto implica que casi la mitad del Congreso no llega por voto directo ciudadano, sino por sistema de listas.
Aunque el presupuesto puede variar cada año, cifras recientes ubican el gasto del Poder Legislativo en alrededor de 600 millones de pesos anuales, lo que equivale aproximadamente a más de 11 a 12 millones por diputado al año; esto representa un gasto cercano al 1% del presupuesto estatal.
Cabildos: el otro costo político
Además del Congreso, los potosinos financian la operación de 59 ayuntamientos, cada uno con su propio cabildo. Cada cabildo está compuesto por: Un presidente municipal (electo por voto), Síndicos (electos en planilla), y regidores, que no son votados de forma individual, sino que entran por listas ligadas a los partidos políticos, existen también regidores de representación proporcional.
Si bien, no existe una cifra única estatal, los datos muestran el impacto económico, hay alcaldes que ganan entre 23 mil y más de 140 mil pesos mensuales. En la Capital, el alcalde Enrique Galindo Ceballos percibe cerca de 97 mil pesos mensuales, y síndicos hasta 78 mil pesos; a esto se suman los regidores (con sueldos variables), síndicos, y equipos administrativos. En conjunto, los 59 cabildos representan cientos de millones de pesos anuales, considerando nómina, operación y estructura.
Impacto electoral y político
Si se modifican calendarios o procesos como la elección judicial, se reorganizarían elecciones locales y federales; podría haber menor saturación de votaciones; cambiaría la dinámica política rumbo a 2027; y un escenario aún en construcción. Aunque el Plan B cuenta con mayor viabilidad política que la reforma original, aún enfrenta debate entre especialistas y actores políticos. Mientras el Gobierno Federal lo presenta como una medida de austeridad y eficiencia, críticos advierten que podría afectar la operatividad de gobiernos locales y el equilibrio institucional.
Morena en SLP a favor
El Congreso del Estado respalda las medidas de austeridad contempladas en el llamado “Plan B” de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas la reducción del gasto en los congresos estatales, señaló el diputado Carlos Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
“Nosotros estamos completamente a favor de la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, lamentablemente no logró el tránsito en la Cámara, pero me parece que el Plan B es una serie de medidas que van a homologar el criterio de austeridad republicana que está en la Constitución”.
Arreola Mallol explicó que, a diferencia de otros estados donde los congresos locales representan un gasto elevado, el de San Luis Potosí se mantiene dentro de parámetros más bajos.
Congreso, el Poder más económico del estado
Por su parte, el diputado Héctor Serrano Cortés, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en rl Congreso del Estado, aseguró que el Poder Legislstivo local opera con los recursos necesarios para cumplir sus funciones y, en comparación con los otros poderes del estado, es el que recibe menor presupuesto.
Serrano Cortés señaló que en la distribución del presupuesto estatal el Poder Legislativo es el que cuenta con la menor asignación de recursos; indicó que esta situación no solo ocurre en comparación con los otros poderes, sino también frente a diversas dependencias del propio estado.
Recorte por "Plan B" asfixiaría a municipios
En su opinión, la diputada Sara Rocha Medina presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, dijo que la propuesta de una nueva reforma electoral y administrativa, conocida como el "Plan B" de la Cuarta Transformación, ha generado señales de alerta en el Poder Legislativo potosino, y advirtió que la iniciativa de reducir sueldos y gastos en congresos y cabildos para financiar obra pública podría resultar contraproducente para los municipios con menores ingresos.
La legisladora señaló que la realidadi financiera de los ayuntamientos en México es sumamente dispar, y que una aplicación generalizada de estos recortes ignoraría las limitaciones que ya enfrentan los gobiernos municipales más pequeños, ya que muchos ayuntamientos operan actualmente en condiciones críticas, apenas logrando cubrir sus compromisos básicos.
Cabe destacar que el Plan B de Claudia Sheinbaum representa un giro estratégico tras su primera derrota legislativa. Su enfoque en recortar gastos y fortalecer la participación ciudadana podría transformar la operación política en estados como San Luis Potosí. Sin embargo, el verdadero impacto dependerá de cómo se implementen los ajustes y de la capacidad de gobiernos locales para adaptarse a un modelo con menos recursos y mayor presión ciudadana.
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