Tras 17 horas de negociaciones en mesas separadas, petistas y pevemistas salieron de la Secretaría de Gobernación con la promesa de que el Plan B de la reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum se propondrán consultas populares para "algunos" temas electorales, pero no para determinar si se reduce el financiamiento a los partidos.
Fuentes consultadas señalaron que hoy les presentarán la redacción final, y con ello se sellaría su apoyo total a la reforma, a fin de que la Mandataria federal presente el lunes la nueva estrategia.
El sábado en la madrugada, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la Consejera Jurídica de la Presidencia, Estela Damián, afirmaron que su equipo jurídico analizaría la petición de los aliados de excluir el tema de los recursos, pues podría ser inconstitucional.
"Se hicieron observaciones en temas que se tienen que tener cuidado y que fueron votados en la reforma del día miércoles, y se rechazó. Se está revisando la redacción final. Tenemos un acuerdo sustancial, no definitivo", advirtió una de las fuentes consultadas.
Actualmente, la Constitución prohíbe someter a consulta los temas financieros y electorales, pero Sheinbaum aseguró que podría abrirse para que la gente opine también sobre si la revocación de mandato se realiza al cumplirse tres años de Gobierno o cuatro.
Esto con la intención de que su gestión se someta a valoración en el 2027, no hasta el 2028.
Según las fuentes, hasta el momento, esto se mantiene.
Los temas en los que sí hubo coincidencia fue en reducir recursos a los congresos estatales y fijar como máximo 15 regidores en Ayuntamientos, así como reducir los sueldos a funcionarios electorales.
Ayer, los aliados presumieron empujar juntos la reforma electoral, sin mencionar la consulta popular sobre el financiamiento.
Confirmaron que quedó descartado meter en el Plan B cambiar de permanentes a temporales las juntas distritales y estatales del INE, y sólo se enfocarán a los sueldos de los altos funcionarios del organismo.
Negocian por separado
El Gobierno federal negoció por el nuevo proyecto con sus aliados por separado.
En una oficina de la Secretaría de Gobernación, funcionarios federales negociaban con los líderes del PVEM, Manuel Velasco, Arturo Escobar y Carlos Puente, quienes asistieron con su equipo jurídico.
En otra estaban los dirigentes del PT Alberto Anaya, Reginaldo Sandoval, Silvano Aureoles y Benjamín Robles.
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, iba y venía de ambas oficinas. Así como consejera jurídica de la Presidencia de la República, Estela Damián.
Por la mañana, estuvieron algunos integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, como Jesús Ramírez y Arturo Zaldívar. El gran ausente fue el presidente de ese organismo, Pablo Gómez, acusado de no estar dispuesto a negociar.
El senador Ignacio Mier fue el único coordinador parlamentario que estuvo en toda la negociación.
Al final todos se concentraron en una sola oficina para tomarse la foto de la unidad. El diputado Reginaldo Sandoval, quien durante las tres últimas semanas había criticado la reforma electoral, presumió la imagen.
Cuando se perfiló un acuerdo, el diputado Benjamín Robles recibió una llamada: su papá había fallecido, por lo que salió apresurado de las instalaciones.
Los pevemistas afirmaban que podrán hablar de un acuerdo al 100 por ciento hasta que el Plan B se vote.
