¿Lo dije o lo pensé?
Después de una década en la que se han intensificado las manifestaciones entorno al 8M, sería interesante reflexionar sobre lo que nos han dejado con base en datos duros. Comparandoel periodo comprendido entre 2016 y 2025 no queda un buen sabor de boca. En 2016 se registraron 605 feminicidios y 2,190 homicidios dolosos de mujeres; juntos, 2,795 asesinatos de mujeres. En 2025, de acuerdo con cifras reportadas con base en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron 721 feminicidios y 2,074 homicidios dolosos de mujeres: otra vez, 2,795 en total. Diez años después, el país terminó exactamente en el mismo número combinado de mujeres asesinadas. Eso no significa, por sí solo, que las marchas hayan sido inútiles o que hayan fracasado, porque sí han logrado visibilizar el problema, mantener la presión pública y obligar al Estado a colocarlo en la agenda nacional. Lo que sí deja claro esta comparación es que esa visibilización y esa presión política, aunque valiosas, no se han traducido todavía en resultados suficientes en seguridad, justicia y protección efectiva para las mujeres.
En violencia sexual física, las cifras empeoran. Los registros del Instituto Nacional de las Mujeres (ahora Secretaría de las Mujeres) muestran que la violación simple pasó de 11,002 casos en 2016 a 13,002 en 2025. Y la violación equiparada pasó de 2,547 en 2016 a más de 6,100 en 2025. Es decir, lejos de tener una reducción, tenemos un deterioro importante. En desapariciones, la señal es todavía más alarmante: en 2016 ya se hablaba de 7,060 mujeres desaparecidas o extraviadas en el país; para el 30 de julio de 2025, México ya rebasaba las 30,031 mujeres desaparecidas y no localizadas. Una mujer desaparecida no puede tratarse como una simple ausencia o una cuestión administrativa; debe asumirse, desde el primer minuto, como una posible víctima de violencia extrema, incluido el asesinato.
Con ese panorama, las mujeres tienen razones de sobra para marchar. Los datos les dan sustento. Lo que no se puede normalizar es que una causa legítima termine contaminada por agresiones físicas o destrozos. Hasta antes del salto masivo en la participación de mujeres en los años 2019 y 2020, estas movilizacionesregistraban, en general, menores niveles de confrontación. Entre 2019 y 2020,la asistencia a la marcha del 8M en la Ciudad de México se multiplicó por diez. Posteriormente, aparecieron episodios más violentos, como la marcha de 2021 en la mismaCDMX, que dejó 62 policías y 19 civiles lesionados, o el caso de Campeche el 8 de marzo de 2026, donde 23 mujeres policías resultaron lesionadas, tres de ellas con quemaduras, además de daños a inmuebles públicos y del Centro Histórico. Una mujer policía también es mujer;defender la causa de las mujeres no puede incluir agresiones en contra de nadie.
Por otro lado, tenemosal dinero público que sí ha crecido de manera abrumadora. Mientras que los recursos etiquetados en el Anexo 13 del PEF pasaronde 25,898.5 millones de pesos en 2016 a479,248.4 millones de pesos en 2025. En 2016, el programa “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” tenía 204.4 millones. En 2025, la Secretaría de las Mujeres contó con 2,093.5 millones; el programa de Refugios para mujeres víctimas de violencia tuvo 484.7 millones; Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, 334.9 millones; y la nueva Pensión Mujeres Bienestar, 14,700 millones. Pero el problema está en cómo se distribuye ese esfuerzo, por ejemplo, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados reportó que 95.2% del Anexo 13 del PEF “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” se concentró en acciones generales de “igualdad” y apenas el 4.7% a combatir directamente la violencia de “género”. Por lo tanto, hubo mucho más presupuesto, pero no necesariamente focalizado en mejorar la seguridad de las mujeres.
En resumen, entre 2016 y 2025, México no presenta avances de fondo en asesinatos de mujeres; en violencia sexual física y desapariciones, incluso hay señales de agravamiento. Además, el Estado ha destinado mucho más dinero al tema, pero los resultados son reprobables. Por eso la exigencia feminista sigue siendo válida. Lo que no debería romantizarse es que, frente a esa misma falta de resultados, algunos sectores conviertan la protesta en agresión o vandalismo. Porque una causa justa no se fortalece cuando pierde autoridad moral; se fortalece cuando obliga al Estado a dar resultados sin parecerse a la violencia que se denuncia.
