En este México lindo y querido ya pasan cosas que hace unos años habrían parecido absurdas. Ahora, antes de escribir algo en WhatsApp y presionar “enviar”, más vale pensarlo dos veces, porque un tribunal electoral podría sancionarte por un mensaje privado si considera que contiene violencia política de género.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿deben los tribunales electorales tener la facultad de revisar y castigar lo que una persona dice en conversaciones privadas de WhatsApp?
Todo esto surgió a partir de una denuncia presentada por la diputada con licencia de Morena en Sinaloa, Almendra Negrete, contra la activista y servidora pública Emma Zermeño. Según el caso, Zermeño hizo comentarios críticos en conversaciones privadas de WhatsApp con una persona a la que consideraba su “amigo”. Después, esas capturas de pantalla llegaron a manos de la diputada y fueron usadas como prueba en un procedimiento por violencia política en razón de género.
En una primera resolución, el Tribunal Electoral de Sinaloa consideró que esos mensajes no debían analizarse como prueba, precisamente porque eran comunicaciones privadas. Sin embargo, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó ese criterio y concluyó que algunas expresiones sí constituían violencia simbólica, al recurrir a estereotipos sobre la orientación sexual de la legisladora para desacreditar su capacidad política.
Desde mi punto de vista, y ejerciendo también mi derecho a la libertad de expresión, no se trata de justificar lo que se dijo en esa conversación privada. Se puede reprobar el contenido y al mismo tiempo advertir el riesgo del precedente. Porque con este tipo de sentencias se están abriendo caminos muy delicados: rutas que pueden vulnerar derechos fundamentales y que, además, podrían convertirse en herramientas de persecución contra activistas, periodistas y voces incómodas.
TRAICIÓN AL ELECTOR
Donde la traición al elector ya se consumó fue en el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Ahí se aprobó una reforma impulsada por Marquito Gama, de Movimiento Ciudadano, para permitir que diputadas y diputados cambien de bancada durante la misma legislatura, incluso apenas rindan protesta.
Traducido al lenguaje ciudadano: una persona vota por un candidato porque representa una ideología, un proyecto o un partido. Pero una vez que llega al Congreso, ese legislador puede cambiarse, sin mayor problema, a otra bancada, incluso a una completamente opuesta a lo que prometió en campaña. Así, con toda tranquilidad y sin rendir cuentas.
Eso tiene un nombre muy claro: traición al elector.
Porque el voto no se deposita solo por una cara o por un nombre. También se deposita por una causa, por una visión política y por un compromiso frente a la ciudadanía. Permitir que eso se cambie a conveniencia, ya en el poder, es convertir la representación popular en una simple simulación.
CEGAIP: SE ACERCA SU ENTIERRO
En materia de transparencia, el retroceso que estamos viviendo es brutal. En sintonía con la legislación federal, los diputados locales de San Luis Potosí ya le pusieron el último clavo al ataúd de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, la CEGAIP.
Tampoco es que haya mucho que llorarle. Salvo contadas excepciones, el desempeño de la mayoría de sus comisionados fue lamentable y, en más de una ocasión, funcional al gobierno en turno.
Un ejemplo basta para retratar el desastre: durante todo 2025, el Partido del Trabajo no publicó absolutamente nada de sus obligaciones de transparencia en la plataforma estatal. Y la ya devaluada CEGAIP fue, en los hechos, cómplice de esa opacidad escandalosa.
En unos meses, este organismo autónomo pasará a la historia. Y entonces ocurrirá la verdadera catástrofe: si el gobierno estatal, los ayuntamientos, el Congreso o el Poder Judicial se niegan a entregarte información pública, o deciden reservarla de manera ilegal, tendrás que presentar tu queja ante ellos mismos para que ellos mismos la resuelvan.
Es decir, serán juez y parte.
Y eso no es una reforma administrativa ni una reestructura institucional. Es un retroceso brutal en el derecho de acceso a la información pública.
