De aprobarse la iniciativa de reforma para limitar el monto de pensiones y jubilaciones de las entidades públicas, violaría los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales firmados por México, aseguraron organizaciones de jubilados de confianza de Pemex.
La mencionada iniciativa plantea que las jubilaciones o pensiones del personal de confianza a cargo de entidades paraestatales no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para el titular del Ejecutivo federal, aunque se hayan otorgado en años anteriores.
En una carta abierta, 10 asociaciones señalaron que esta medida vulneraría también los principios de irretroactividad de la ley y progresividad, además de que transgrediría los derechos a la seguridad social, al trabajo, a la igualdad y no discriminación, así como a la seguridad jurídica.
"Aunado a lo anterior, de aprobarse dicha iniciativa en sus términos, se contravendría la jurisprudencia que sobre esta materia ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual resulta obligatoria para el Estado mexicano.
"Además, contradeciría el marco previsto por el Artículo 123 de la Constitución, según el cual las relaciones laborales de la administración pública paraestatal se encuentran reguladas por su apartado 'A' y no por el 'B', que corresponde a las relaciones entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores", señala el documento.
Consideraron que establecer restricciones en la Constitución a los derechos adquiridos menoscaba el Estado de Derecho, el cual salvaguarda los derechos de todas las personas.
Hicieron un llamado al Poder Judicial a que, durante el proceso de reforma, se respeten a cabalidad las normas parlamentarias, se garantice un debate plural, con base en elementos técnicos, y se consulte a las personas afectadas mediante un parlamento abierto.
"Confiamos en que se valore la aportación de quienes dedicamos nuestra vida profesional a Petróleos Mexicanos, considerando los derechos adquiridos y la seguridad jurídica que han acompañado nuestras condiciones generales de trabajo y, consecuentemente, las actuales condiciones de retiro", señalaron.
Argumentaron que las pensiones que actualmente reciben los jubilados de confianza derivan de su desempeño laboral, grado de responsabilidad y especialización en una empresa con actividades de alto riesgo.
"Constituyen derechos adquiridos protegidos por la Constitución, la ley y los contratos y políticas institucionales vigentes al momento del retiro.
"Un gran número de estos trabajadores iniciaron como becarios, posteriormente fueron sindicalizados y más adelante ocuparon puestos de confianza... En su momento, su retiro se dio conforme a las condiciones establecidas por Pemex, confiando en su estabilidad laboral y en el sistema de pensiones que la empresa ofrecía como reconocimiento a su trayectoria y lealtad institucional", argumentaron.
En la misiva, las organizaciones señalan que cuando los esquemas de pensión se establecieron, los salarios del personal de confianza de Pemex no se encontraban por encima de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, ni superaban las condiciones salariales que ofrecía el mercado.
"(Las pensiones) respondían principalmente a criterios de competitividad laboral, responsabilidad técnica y retención de talento en una industria estratégica para el País", añadieron.
El documento lo firmaron las asociaciones de jubilados de Veracruz, Tamaulipas, Poza Rica, Puebla, Querétaro, Ciudad de México, Monterrey, Salamanca, así como Funcionarios Jubilados de la Industria Petrolera Estatal (Fujipe) y la Fraternidad de Petroleros de Confianza Jubilados (Frapecoju).?
