Aguascalientes, AGS; Durante la movilización realizada en Aguascalientes en el Día Internacional de la Mujer, manifestantes volvieron a exponer denuncias dirigidas contra Patricia Cárdenas, titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, relacionadas con presuntas prácticas de acoso laboral dentro de la institución.
Dichas acusaciones no son recientes y desde hace tiempo se han difundido testimonios de ex trabajadoras que denunciaron condiciones laborales que caen en la violencia institucional, psicológica y laboral.
A finales del año pasado, antiguas colaboradoras del instituto relataron situaciones que enfrentaron durante su paso por la dependencia estatal. Entre los casos mencionados se encuentra el de una trabajadora que aseguró haber sido presionada para asistir a actividades fuera de su horario laboral cuando su hijo era aún un bebé y no contaba con una red de apoyo para su cuidado. De acuerdo con su versión, al explicar esa situación recibió comentarios confrontativos frente a otras compañeras.
También se describieron reuniones internas convocadas por la dirección en las que, según los testimonios, no se permitía el ingreso con teléfonos celulares o dispositivos que pudieran grabar. Durante estos encuentros, las ex colaboradoras señalaron que se generaban confrontaciones con el personal, lo que habría derivado en la renuncia de algunas trabajadoras que no compartían esas dinámicas.
Otro de los señalamientos apunta a presuntos episodios de hostigamiento laboral por parte de mandos dentro de la institución. Según relatan, en llamadas de seguimiento se exigían mayores cifras de atención a víctimas de violencia, incluso planteando la posibilidad de acudir directamente a domicilios para identificar posibles casos. Las denunciantes señalaron que esta práctica podía poner en riesgo a las mujeres atendidas, al no saber si sus agresores se encontraban presentes en el entorno familiar.
Asimismo, una de las ex trabajadoras narró un episodio con el director de Relaciones Interinstitucionales del instituto, a quien acusó de intentar intimidarla después de que se negara a realizar actividades de promoción que, según dijo, no correspondían a las funciones de su puesto.
También se han señalado carencias en las condiciones de trabajo dentro de los espacios destinados a la atención de mujeres en situación de violencia. Indicaron que, al acudir a algunos municipios, encontraban oficinas sin equipamiento básico como computadoras, impresoras, acceso a internet o incluso energía eléctrica.
Estas situaciones, afirmaron, ocurrían pese a que para 2025 se asignaron recursos federales por más de 11 millones de pesos destinados a fortalecer los llamados Centros Libres a través del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres.
De acuerdo con los testimonios, algunas trabajadoras intentaron plantear estas problemáticas durante los informes de la gobernadora, Teresa Jiménez Esquivel, lo que presuntamente derivó en que fueran excluidas de eventos posteriores, como la inauguración de una Casa Rosa, además de ser catalogadas como personal conflictivo.
Las ex colaboradoras señalaron que finalmente optaron por separarse voluntariamente de la institución al considerar que se habían vulnerado sus derechos laborales y su dignidad.
