El abismo entre la ley y la vida:
por qué el 8M sigue siendo una necesidad,
no una fecha en el calendario
México tiene uno de los marcos jurídicos más avanzados en materia de género en América Latina.
Y también tiene una de las crisis de violencia contra las mujeres más devastadoras del continente.
Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Esa contradicción es el corazón de este análisis.
Por Gwendolyne Negrete Sánchez
I. El escudo jurídico: las leyes que llaman por el nombre de ellas
En los últimos seis años, México ha construido un corpus legislativo para la protección de las mujeres que en papel es notable. No nacieron en las cúpulas del poder —nacieron del dolor, de la rabia y de la organización colectiva. Cada ley tiene nombre de mujer. Cada nombre tiene una historia que no debería haber ocurrido.
Las leyes con nombre propio
Ley Olimpia — Olimpia Coral Melo tenía 19 años cuando su expareja difundió un video íntimo sin su consentimiento. En 2021 los 32 estados modificaron sus códigos penales para sancionar la violencia digital. En 2024 el INEGI documentó que 10.6 millones de mujeres experimentaron acoso digital.
Ley Ingrid — En recuerdo del feminicidio de Ingrid Escamilla (2020), cuyas imágenes fueron filtradas a medios. Esta ley sanciona a servidores públicos que difundan material sensible de víctimas de violencia. Aprobada en la Cámara de Diputados en 2022.
Ley Malena — María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña, fue atacada con ácido sulfúrico en 2019. Impulsó la tipificación de los ataques con sustancias corrosivas como tentativa de feminicidio, con penas de hasta 46 años de prisión. En 2026 ya 17 estados la han incorporado a su legislación.
Ley Monse — Montserrat Bendimes Roldán fue asesinada en 2021 por su pareja. Sus suegros ayudaron a que el agresor escapara. Esta ley castiga con cárcel a quienes encubran feminicidas, incluyendo a sus familias.
Ley Sabina — Diana Luz Vázquez peleó cuatro años por la pensión alimenticia de su hija. Perdió en todas las instancias. La Ley Sabina, publicada en el DOF en mayo de 2023, sanciona a los deudores alimentarios y creó el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. El 67.5% de las madres sin pareja en México no recibe pensión.
Ley Alina — Alina Narciso fue condenada a 45 años de prisión por matar en legítima defensa al policía que la asfixiaba. En 2023 fue liberada. Su ley obliga a jueces y fiscalías a actuar con perspectiva de género y a reconocer la legítima defensa de las mujeres.
Ley Monzón — En memoria de Cecilia Monzón, abogada asesinada en 2022 presuntamente por el padre de su hijo. Suspende la patria potestad a padres sospechosos o condenados por el feminicidio de la madre. Aprobada en varios estados.
Ley 3 de 3 — Elevada a rango constitucional en 2023. Impide que deudores alimentarios, agresores sexuales o culpables de violencia de género accedan a cargos de elección popular o al servicio público.
Ley Ingrid + Reforma constitucional 2024 — Reforma a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la CPEUM en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial.
A este arsenal se suma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias (reformada en diciembre de 2024 y enero de 2026), el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, los Centros de Justicia para las Mujeres, y la promesa constitucional de un Sistema Nacional de Cuidados. El andamiaje es monumental. El problema es lo que ocurre del otro lado de las paredes de ese andamiaje.
II. La realidad sin adornos: lo que viven las mujeres en México hoy
Los datos que siguen no son estadísticas abstractas. Son vidas. Son nombres que esperaban ser algo más que una cifra en un informe anual.
Feminicidio: el crimen que el sistema subreporta
721 feminicidios fueron registrados oficialmente en 2025 —el año con menor cifra desde 2021. Pero el Observatorio Nacional del Feminicidio señala que el 50% de todas las mujeres asesinadas tienen características feminicidas, lo que llevaría la cifra real a más de 1,500 mujeres al año.
5,000+ mujeres fueron asesinadas de forma violenta en 2025 en total. Solo 597 fueron tipificadas como feminicidio por las fiscalías estatales.
1 de cada 10 muertes de mujeres fue investigada como feminicidio en enero de 2025. Los demás casos se clasificaron como homicidio doloso o culposo.
7 mujeres asesinadas y 34 mujeres desaparecidas: eso ocurrió cada día en México durante 2025.
Cada hora 230 delitos se cometieron contra mujeres en México a lo largo de 2025. Cada hora, dos mujeres fueron víctimas de violencia sexual.
Desapariciones: una crisis que se acelera
14,079 personas desaparecieron en 2025, un incremento del 7.8% respecto a 2024 y del 67.2% en comparación con 2019. El número de desapariciones ha crecido 12% respecto al año anterior.
13,106 mujeres desaparecieron en 2024, el año con más casos registrados en la historia del país.
De 15 a 19 años es el rango de edad con mayor concentración de niñas y mujeres desaparecidas —el 21% del total. En 2025 las desapariciones de niñas de 10 a 14 años aumentaron casi 60% en un año.
En 10 estados desaparecen más mujeres que hombres: Estado de México, Tabasco, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Yucatán, Puebla y Tlaxcala.
80 mujeres al día fueron reportadas como desaparecidas durante 2025 según Amnistía Internacional.
Niñas obligadas a ser madres
89,527 nacimientos registraron madres de entre 10 y 17 años en 2024. Casi 90 mil niñas parieron en México el año pasado.
101,147 niñas de entre 10 y 17 años registraron un hijo en 2023. Muchas de estas maternidades esconden violación sexual.
Trata, tráfico y violencia sexual
77.4% de los menores víctimas de trata en 2024 eran niñas y mujeres adolescentes.
1,804 mujeres fueron víctimas de tráfico de personas en 2025. Se registraron además 123 secuestros de mujeres.
92.3% de las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años atendidas en hospitales en 2023 eran mujeres.
La violencia que escala
80,505 mujeres sufrieron lesiones dolosas en 2025, un incremento del 18% respecto al año anterior —la cifra más alta de la última década.
10.6 millones de mujeres experimentaron acoso digital en 2024 (INEGI).
755 mujeres al día vivieron violencia familiar en 2025, según la Red Nacional de Refugios, que reportó un incremento del 208% en atenciones durante ese año.
66.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida (INEGI).
III. La brecha que nos define: entre el texto de la ley y el tejido de la vida
Existe un término en el derecho para nombrar esto: ineficacia jurídica. Pero las mujeres que lo vivimos lo llamamos de otra forma: impunidad disfrazada de institucionalidad.
México tiene Alertas de Violencia de Género activas en la mayoría del territorio nacional. Tiene fiscalías especializadas. Tiene leyes con perspectiva de género. Tiene un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y sin embargo, en 2025, cada hora 230 delitos se cometieron contra una mujer. ¿Qué está fallando?
Lo que falla es la articulación entre la norma y la práctica. Una ley que no se aplica es un poema. Una orden de protección que no se ejecuta es papel mojado. Un registro de deudores alimentarios que no se consulta es burocracia de género. La brecha no está en la letra de la ley —que en muchos casos es ejemplar— sino en la voluntad política sostenida, en el presupuesto real asignado, en la capacitación de quienes imparten justicia, y en el peso estructural de una cultura que todavía ve a las mujeres como propiedad.
El caso de la Ley Monse es ilustrativo: sus suegros ayudaron al feminicida a huir y fueron procesados apenas por omisión de auxilio. Se requirió movilización nacional, años de presión y una ley nueva para que eso cambiara. ¿Cuántas Monses tuvo que haber para llegar hasta aquí? ¿Cuántas más habrá mientras esperamos que cada estado armonice su legislación?
La Ley Alina es quizás la más dolorosa en su paradoja: una mujer tuvo que sobrevivir a un ataque, defenderse, matar a su agresor, ser condenada a 45 años de cárcel y esperar tres años para que un tribunal reconociera que actuó en legítima defensa. Y aún así, a nivel federal la ley que debería garantizar eso para todas las mujeres sigue en debate.
Entre tanto, 89,527 niñas tuvieron que convertirse en madres el año pasado. Muchas de ellas son hijas de un sistema que no protege, no previene y no repara.
IV. Por qué seguir luchando. Por qué el 8M
Hay quienes preguntan —con irritación o con genuina curiosidad— por qué las mujeres marchan si ya tienen leyes. La pregunta contiene su propia respuesta: porque las leyes existen gracias a que marchamos.
La Ley Olimpia no existiría sin las mujeres que salieron a las calles. La Ley Malena no existiría sin María Elena Ríos, que convirtió su cuerpo quemado en argumento legislativo. La Ley Sabina no existiría sin Diana Luz, que perdió cuatro veces en los juzgados y decidió cambiar los juzgados. Cada avance que hoy festejamos en el papel fue conquistado en la calle, en el Congreso, en los medios, en las redes, en las aulas y en los foros de política pública donde mujeres como las que integramos Mujeres Jefas de Familia A.C. llevamos décadas exigiendo ser tomadas en serio.
El 8M no es una fecha de celebración. Es una auditoría ciudadana. Es el momento en que la sociedad civil mide la distancia entre lo prometido y lo real. Entre la ley publicada en el Diario Oficial y la mujer que no llegó viva al siguiente lunes.
Marchamos porque en 2025, con toda la arquitectura jurídica vigente, 80 mujeres desaparecieron cada día. Marchamos porque el 37.5% de todas las víctimas de delitos en México son mujeres, aunque somos el 50% de la población. Marchamos porque la violencia familiar aumentó un 208% en atenciones, lo cual no significa que hay más violencia —aunque puede ser que sí— sino que más mujeres se atrevieron a pedir ayuda y el sistema tuvo que responder.
Marchamos porque las leyes con nombre de mujer no deberían necesitar el nombre de una mujer muerta para existir.
Y marchamos, también, por las que no pueden marchar: las que están desaparecidas, las que están en refugios, las que están en hospitales, las que están enterradas.
V. Lo que le pedimos al Estado y al sector empresarial
Desde Mujeres Jefas de Familia A.C. y el G100, entendemos que los cambios estructurales requieren tres palancas simultáneas: legislación efectiva, presupuesto suficiente y corresponsabilidad del sector privado.
Al Estado mexicano le pedimos: dejar de medir el éxito por la baja en los feminicidios registrados cuando el subregistro es sistemático; garantizar que la armonización legislativa de todas las leyes con nombre de mujer sea una prioridad en todos los congresos locales; y destinar presupuesto real —no recortes disfrazados de austeridad— a los refugios, fiscalías especializadas y centros de justicia para mujeres.
Al sector empresarial y a quienes toman decisiones de recursos humanos les pedimos entender algo fundamental: la violencia de género no ocurre solo en las calles o en los hogares. Ocurre en las oficinas, en las cadenas de suministro, en los modelos de trabajo que invisibilizan el trabajo de cuidados. Una empresa que no tiene protocolo de atención a víctimas de violencia no es una empresa con responsabilidad social —es una empresa cómplice por omisión.
El Sistema Nacional de Cuidados, cuya asignación presupuestal en 2026 representa un avance histórico, no podrá prosperar sin el involucramiento activo del sector privado. Las jornadas laborales más cortas aprobadas en la reforma a la Ley Federal del Trabajo solo tendrán impacto en la igualdad si las empresas las implementan con perspectiva de género, no solo como ajuste de productividad.
Epílogo: el mapa tiene nombres de mujeres
Olimpia, Ingrid, Malena, Monse, Sabina, Alina, Monzón, Cecilia. Cada nombre es una grieta en la impunidad. Cada ley que lleva su nombre es prueba de que las mujeres organizadas cambian las instituciones.
Pero también es prueba de un fracaso colectivo: que para que una ley cambie, primero una mujer tuvo que sufrir lo indecible.
El objetivo real de la lucha feminista no es tener más leyes con nombre de mujer. Es construir un país donde ninguna mujer tenga que darle su nombre a una ley para que su dolor sea reconocido.
Ese país aún no existe. Por eso el 8M importa. Por eso las marchas continúan. Por eso seguimos.
Gwendolyne Negrete
