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Las protestas de las mujeres organizadas son la manifestación social más importante de los últimos años. Previo a la pandemia de Covid-19, sus movilizaciones fueron lo único que logró cuestionar el proyecto de la Cuarta Transformación de Andrés Manuel López Obrador; las causas que las agrupan no son las banderas políticas interesadas de una oposición que se sintió desplazada de sus privilegios. No hay una intención de arrebatarle el poder a la clase política ni de acomodarse en algún cargo; el eje que une la multiplicidad de demandas de este grupo, todas ellas cuestionando al Poder, en todos los niveles, son llamadas a las autoridades municipales, estatales y federales.

El aislamiento a causa de la pandemia ayudó a los gobiernos a desestimar las demandas de las mujeres organizadas; de hecho, les dio tiempo para establecer una narrativa que minimizara los reclamos de este movimiento. El discurso oficial, en especial a partir del ascenso al poder de la presidenta Claudia Sheinbaum, es que llegaron todas: que si bien sigue habiendo rezagos en algunas áreas, hoy más que nunca se está aparejando el piso de las oportunidades para todos; somos una sociedad más igualitaria, se rompen techos de cristal y, en general, estamos mejor que antes.

A esa línea discursiva hay que sumar la institucionalización del reconocimiento a las mujeres. Es obligatorio festejar sus logros: se establecen fechas en el calendario, se celebran presencias femeninas en la historia, se promulgan leyes, no con un afán pedagógico sino para conmemorar objetivos que todavía no se alcanzan. Como si colocarse un moño naranja o adornar con ese color las fachadas de edificios oficiales fuera una medida que eliminara la violencia contra las mujeres. Se maximizan gestos como rescatar el apellido materno de Margarita Maza y eliminar la relación con Benito Juárez, pero no se modifica la enseñanza de la historia.

En las ceremonias públicas, en fechas predeterminadas, se exalta la participación de las mujeres, como este 8M en que la presidenta subraya que el amor a la patria y el valor no tienen género, o el general Ricardo Trevilla informa orgulloso que ya son más de 42 mil elementos femeninos los que trabajan en las Fuerzas Armadas.

Formas huecas frente a la expresión viva del descontento de las manifestaciones que llenan las plazas protestando contra la violencia que sufren las mujeres. Marchas a las que se les da seguimiento como nunca, pero con un sesgo que invalida lo que motiva salir a la calle para apropiársela: la atención se concentra en los pequeños grupos que se expresan de manera violenta.

La respuesta oficial de acomodarse en el reconocimiento institucionalizado se sirve del sesgo con que se cubren las marchas del 8M. Desde los espacios gubernamentales se envían señales de conciliación, de logros obtenidos y metas alcanzadas, que se contrastan con las explosiones en la calle: las imágenes de grupos radicales que realizan pintas, queman lo que encuentran a su paso, vandalizan, excluyen y atacan a los hombres. Cuando se nombran estos hechos, primero se acusa al bloque negro; enseguida se justifica que es la expresión de la justa rabia de las mujeres, pero que se están atendiendo las causas.

Sería ingenuo pensar en la pureza del movimiento de las mujeres organizadas; como en todos los casos, hay grupos de interés que se escudan en las marchas del 8M para aprovechar la movilización y promover sus intereses. Sí, hay radicales con sesgo ideológico, agrupaciones que buscan posicionarse para incidir en la administración pública, vándalos que irrumpen en establecimientos para destruir y saquear, anarquistas de ocasión que buscan la foto arriba de las vallas impenetrables, rencores que inventan agresores para justificar sus frustraciones… Sí, como en todo movimiento no falta quien mienta y abuse. No son la mayoría.

De todas las horas de seguimiento que se le dio a la marcha, demasiadas se concentraron en los actos violentos. No hubo medio que iniciara su reporte con las demandas; todos comenzaron destacando que un grupo se había desprendido de la marcha para romper cristales, atacar transeúntes o cometer algún delito.

La captura de imágenes fijaba la atención en las escenas violentas; las cámaras se desplazaron desde el corazón de la manifestación hacia las orillas para mostrar el carácter violento de las mujeres en la calle, como si la marcha se tratara de esos grupos y no del reclamo de las víctimas de feminicidio, las madres buscadoras, los grupos vulnerables que ejercen su derecho a demandar mejores condiciones a las autoridades.

Ese desplazamiento no es inocente. La insistencia en las escenas de violencia cumple una función política muy clara: deslegitimar la protesta sin tener que responder a lo que la provoca. Si la conversación pública se centra en las pintas, en los vidrios rotos o en la confrontación con la policía, entonces se evita discutir lo esencial: por qué miles de mujeres salen a la calle año tras año.

Las razones siguen ahí.

En México, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno episódico ni una anomalía que pueda resolverse con campañas de sensibilización o discursos de ocasión. Es una estructura que atraviesa la vida cotidiana: en la casa, en el trabajo, en la escuela, en las instituciones de justicia. Las cifras de feminicidio siguen siendo alarmantes; la impunidad en los delitos contra las mujeres continúa siendo la norma; las brechas salariales persisten; y la carga del trabajo doméstico y de cuidados sigue recayendo de manera desproporcionada en ellas.

Nada de eso se resuelve con ceremonias.

Los avances institucionales que con frecuencia se celebran con protocolos, unidades de género, conmemoraciones oficiales, cuotas de representación, tienen valor simbólico y, en algunos casos, han abierto espacios antes impensables. Pero cuando se convierten en el sustituto de políticas públicas profundas, terminan funcionando como un mecanismo de contención: aparentan cambios mientras preservan intactas muchas de las condiciones que producen la desigualdad.

La distancia entre el discurso y la realidad se vuelve evidente cuando las mujeres interactúan con las instituciones encargadas de protegerlas. Ministerios públicos que minimizan las denuncias, jueces que reproducen estereotipos, policías que revictimizan, sistemas de salud que no garantizan atención adecuada, centros de trabajo que castigan la maternidad y precarizan el empleo femenino. La violencia institucional no siempre se manifiesta en un golpe o una amenaza directa; muchas veces adopta la forma de indiferencia, burocracia y negligencia.

Frente a esa realidad, la protesta no es una exageración ni un exceso. Es una forma de hacerse escuchar cuando las vías formales han demostrado ser insuficientes.

Por eso resulta tan cómodo reducir la conversación a los excesos de algunos grupos. Mientras se discute si una estatua fue dañada o si una valla fue derribada, si se agredió a Jesús Eduardo Martín Jáuregui y a un ciclista al que llamaron provocador en la Exedra de Aguascalientes o los largos minutos dedicados a un puñado del Frente por la Familia apostados frente a Catedral para “defenderla”, quedan fuera del foco las historias de las mujeres que marchan por una hija asesinada, por una hermana desaparecida, por un expediente que lleva años empolvándose en un archivo judicial. Se invisibiliza a quienes marchan por salarios dignos, por condiciones laborales justas, por guarderías que les permitan trabajar, por servicios de salud que las atiendan sin prejuicios, por un sistema que obligue a los deudores alimentarios a cumplir con su compromiso.

Las pintas se limpian en unas horas. La impunidad permanece durante años.

La cobertura mediática que privilegia el escándalo sobre el contexto contribuye a reforzar esa distorsión. El encuadre de la protesta como un problema de orden público transforma a las manifestantes en sospechosas y a las autoridades en víctimas de un desbordamiento social. Así, el debate deja de ser sobre derechos y se convierte en una discusión sobre control.

La persistencia de las marchas demuestra que el problema no se agota en la superficie de las manifestaciones. Cada 8 de marzo, a pesar del desgaste, de la descalificación y de los intentos de trivialización, miles de mujeres vuelven a ocupar el espacio público para recordar algo que el discurso oficial prefiere olvidar: que la igualdad proclamada todavía no se vive en la vida cotidiana.

Mientras eso no cambie, las marchas seguirán ahí. Y mientras sigamos mirando únicamente las paredes pintadas, seguiremos sin leer lo que realmente está escrito en ellas.

Coda. El poder limpia las paredes para borrar las pintas y, con ellas, la conversación que se niega a tener.

@aldan